Queda apenas un mes para el próximo Proceso Electoral Federal de México. Vamos a analizar este importante acontecimiento teniendo en cuenta el panorama de las Fuerzas Armadas y de la seguridad nacional. Tras los sucesos del 11-S y la aparición de nuevas amenazas que no se pueden combatir con las reglas y fronteras tradicionales de la doctrina estratégica en el exterior, ni con los métodos policiales al interior, Estados y Ejércitos han tenido que adaptarse a estas nuevas circunstancias. Las Fuerzas Armadas Mexicanas han jugado un papel fundamental en la lucha contra el narcotráfico en las últimas dos décadas, pero de una manera determinante desde que el Presidente Calderón declarara el estado de guerra contra sus organizaciones.

La función de defensa nacional por parte de unidades de Defensa se compagina en muchas ocasiones con acciones directas contra los narcotraficantes, con patrullaje en pueblos y ciudades, y labores de auxilio en catástrofes naturales, que son funciones más bien policiales o de protección civil. Ante esta situación, los propios militares, entre otros actores, solicitaron al Estado una nueva ley que regulase estas nuevas funciones y que les diese garantías y protección legal a su actuar.

El pasado mes de diciembre se publicó la Ley de Seguridad Interior con la finalidad de regular la acción de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el narcotráfico. El objetivo era acabar con un vacío legal que hace que actúen en el país sin regulación alguna. Para unos, esta ley es antidemocrática e inconstitucional, y busca la militarización del país; otros, por el contrario, defienden que la ley no busca institucionalizar la presencia militar en las calles sino establecer un marco jurídico que regule a las instituciones responsables en seguridad interior sin otorgar facultades adicionales a las Fuerzas Armadas, pero acotando el papel del Ejército y la Marina a situaciones en las que se justifique su actuar, a través de procedimientos claros, y todo desde un respeto absoluto del Estado de Derecho.

Ante la presión de unos y otros, y tras la revisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió controversia constitucional contra la ley, y por lo pronto no se aplica. Al margen del debate y de la situación legal, en una importante encuesta realizada tras la publicación de la ley, se revelaba que el 59% de los mexicanos apoyaba el que los militares continuaran en las calles, y consideraban que estaban más preparados y que ofrecían mayor seguridad, ya que la Policía es ineficaz en su labor.

En la campaña electoral, los principales candidatos a la Presidencia de la República han tenido presente a las Fueras Armadas en sus intervenciones. El más crítico con las instituciones castrenses ha sido el candidato Andrés Manuel López Obrador (Partido Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA) señalando diversas violaciones a los derechos humanos e “insultando a las Fuerzas Armadas con una acusación infundada” según analistas cercanos a las Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Parece que el candidato ha olvidado que el nivel de confianza de los ciudadanos en los militares, los últimos 15 años, se ha mantenido entre un 52 y un 75% de aprobación. De esta manera, es probable que el candidato pierda el voto de militares, familiares y ciudadanos cercanos al Ejército y la Marina, aunque el político ha especificado que respeta a las Fuerzas Armadas y que su cruzada es contra la “mafia del poder” inmersa en ellas.

José Antonio Meade (Partido Revolucionario Institucional, PRI), además de justificar la Ley de Seguridad Interior y alabar la actuación de la institución castrense en su lucha contra el narcotráfico, tuvo un guiño hacia este estamento desde su cuenta de Twitter: “Incrementaremos el salario de los miembros de las Fuerzas Armadas. Quiero que sus familias sientan nuestra gratitud, admiración y lealtad…”.

Ricardo Anaya (Partido Acción Nacional, PAN) reconoce la labor de las Fuerzas Armadas y ha defendido que “el retiro de éstas solo se dará cuando se tengan policías municipales y estatales capacitadas y bien pagadas” y que ahora es “impensable el regreso del Ejército a los cuarteles principalmente en estados como Veracruz o Tamaulipas… que implicaría dejar a los ciudadanos a su suerte”. Reconoce que la estrategia actual contra el narco no funciona, por lo que es necesario pensar y actuar de forma distinta.

Como conclusión, señalar que el Ejército y la Marina siguen cumpliendo las órdenes marcadas por el Ejecutivo en su labor de mantener la seguridad nacional y pública, en las zonas donde están desplegados. Y también ante desastres naturales, con apego a la Ley como cualquier otras unidades militares de un Estado democrático, a pesar de las críticas y recelos de ciertos actores políticos y sociales. Pero, ciertamente, sus máximos responsables están atentos a las declaraciones y propuestas electorales de los diferentes candidatos a la presidencia, porque gane quien gane, tendrán que reformular la estrategia actual de combate contra el narcotráfico y el papel que juega la Defensa, y para los próximos seis años de mandato presidencial tendrán mucho que decir y hacer.

José Antonio Rodríguez, politólogo especialista en relaciones internacionales

Las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad del autor. Sus conclusiones no deberían ser interpretadas necesariamente como un reflejo de nuestros puntos de vista.

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