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Poder aéreo en Iberoamérica

La reciente baja de los últimos F-5E Tiger II que se mantenían operativos en la Fuerza Aérea Mexicana, las negociaciones del ministro de defensa argentino en su último periplo europeo y las noticias sobre la intención de Venezuela de aumentar su flota de Sukhoi-30 MK2, han vuelto a animar los debates sobre el poder aéreo en Iberoamérica.

Algunos de los principales países de la región, acuciados por las crisis económicas o problemas internos que requerían atención prioritaria, han ido dando de baja paulatinamente los aviones con que equiparon a sus fuerzas aéreas en los años 70 y 80, hasta el punto de que, a día de hoy, se encuentran sin capacidad de controlar su espacio aéreo. El primero en encontrarse en esta situación fue Argentina, que retiró sus Mirage III a finales del año pasado y, poco después, se vio obligado a reconocer la inoperatividad de la flota de A-4AR. Ahora con la baja de los F-5E, México se suma a este club de dudoso prestigio. En el caso de México, se tiene la esperanza de que en un periodo de tiempo más o menos corto puedan adquirirse F-16 de segunda mano, mientras que en Buenos Aires se suceden las ideas y se especula con el Gripen –previa limpieza de equipos británicos por lo que pueda pasar–, reactores  ligeros como el M-346 de Alenia o el KAI T-50 coreano y Mirage franceses de segunda mano.

Otros países, como Colombia, disponen aún de algunos cazabombarderos en sus inventarios que, sin embargo, empiezan a acusar la edad y las horas de vuelo de forma alarmante. Los pilotos colombianos han llegado incluso a negarse a volar en sus Kfir después de que se produjeran varios accidentes que, al haber afectado sobre todo a las unidades biplaza, han obligado a reactivar una pareja de Mirage 5 para utilizarlos como entrenadores.

La situación colombiana es además especialmente grave si se tiene en cuenta que su problemático vecino venezolano ha incorporado a su fuerza aérea los capaces SU-30MK2, que si bien no son la versión más avanzada del conocido aparato ruso, sí son superiores a casi todo lo que vuela en el Cono Sur, incluidos los F-16 de Chile y los MiG 29 de Perú. Tras perder un avión en accidente el año pasado, Venezuela cuenta con una flota de 23 SU-30MK2 y, con la muy creativa excusa de luchar contra el narcotráfico, ha manifestado su intención de ampliar la flota con 12 o 13 unidades nuevas, lo que daría al país una superioridad aérea total sobre sus vecinos.

Quizás los Gripen NG, de los que Brasil piensa incorporar 36 unidades, sean los únicos aviones capaces de desafiar a los potentes Sukhoi venezolanos, siempre y cuando se exploten al máximo las capacidades del avión con armamento y electrónica de primer nivel.

En cualquier caso, lo que está claro es que en los próximos años numerosas fuerzas aéreas iberoamericanas deberán renovar su material de vuelo, ya sea por obsolescencia e incapacidad para hacer frente a las posibles amenazas o, sencillamente, porque dicho material ha dejado de existir. Para ello deberá buscarse un avión capaz de hacer frente a sus posibles rivales, con una vida operativa prolongada y costes de mantenimiento y operación razonables. La competencia será feroz y, desgraciadamente, las consideraciones industriales y militares no serán las únicas que pesen, pero no cabe duda de que aquel que pueda ofrecer un cazabombardero que reúna todas esas características, tendrá ante sí una brillante perspectiva en Iberoamérica.

Álvaro Silva, Analista

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Madrid 29-04-2016 POLITICA  Rueda de prensa posterior al Consejo de ministros dada por la Vicepresidenta en funciones Soraya Saenz de Santamaria y los ministros Guindos y Montoro  En la foto Montoro  Imagen JUAN MANUEL PRATS

Dos consecuencias del cumplimiento de los objetivo de estabilidad presupuestaria

En referencia a la reciente orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias), se adelantan los plazos de tramitación de las operaciones, ante la necesidad de hacer efectivos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Si bien es cierto que las consecuencias desfavorables que podrían derivarse en caso de incumplimiento hacen necesaria la adopción de medidas que permitan satisfacer las recomendaciones europeas, en la práctica esta decisión afecta muy negativamente al sector de la Defensa, teniendo en cuenta la dinámica de la ejecución de gasto del Ministerio de Defensa.

La primera consecuencia inmediata es un parón en la nueva contratación. Esto significa un problema muy grave para las compañías del sector, especialmente las pymes, porque la adjudicación de expedientes se realiza, por lo general, en el segundo semestre de año para llegar a tiempo a las entregas. Por el contrario, no se ven afectadas las grandes compañías, porque éstas dependen más de la dinámica de los créditos extraordinarios anuales de los programas especiales de armamento (PEA), y tampoco lo va a sufrir la partida 650 de los presupuestos regulares. Las pequeñas y medianas necesitan, para su actividad, hacerse con un acopio de material para contratar y entregar a fin de año, con el riesgo empresarial que supone. Esta situación, sumado a la compleja inercia del sector, hace que las inversiones de acopio de material dependan del pulmón financiero de unas empresas que no disponen de mucho margen de maniobra.

En segundo lugar, el parón en la contratación se va a manifestar de forma directa en todo lo que afecta a las operaciones de mantenimiento de la paz. Los contingentes en el exterior generan gastos y consumo logístico, y muchas empresas dependen de esta actividad que en su día fue planificada y aprobada por motivos de política exterior y de seguridad. Además, al responder a compromisos internacionales, el desprestigio de España podría convertirse en una realidad, justo cuanto forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como miembro no permanente.

Es necesario tomar todas las decisiones adecuadas para poder salvaguardar el ámbito de las operaciones de mantenimiento de la paz y lograr reducir el impacto de los ajustes financieros. El próximo Consejo de Ministros puede ser el momento decisivo para poder abordar estas dos cuestiones planteadas.  

Foto: J.M. Prats

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Yihad global, inteligencia y comunicación estratégica

Ante el atentado de Niza, coincidiendo con el día nacional de Francia, y la reciente celebración del segundo aniversario del autoproclamado Estado Islámico, es un momento apropiado para hacer balance del califato que mantiene alerta a la comunidad internacional. En términos de influencia y en un teatro de operaciones geoestratégico, habría que poner buena nota al ISIS en cuanto al dominio de los tres espacios: el físico, el virtual y el de la opinión. La clave de su éxito está en el reclutamiento. La respuesta implica un enfoque global. Señalo cuatro propuestas. (Ver aquí el análisis completo)

*Publicado en Infodefensa (20 Julio 2016)

infodefensa

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Iniciativa Paris

Los errores de la Iniciativa de París

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, hizo una visita a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, así como a otras instituciones, coincidiendo en fechas similares con el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Ambas visitas se produjeron tras la reunión de los ministros de asuntos exteriores europeos en Luxemburgo para la resolución del texto final sobre la Iniciativa de París para el proceso de paz en Oriente Medio. Tal iniciativa, adoptada el pasado día 3 de junio por 29 países, fue puesta sobre la mesa por el ministro de asuntos exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, y busca alcanzar un acuerdo sobre cuestiones relativas al status definitivo en el conflicto palestino-israelí, con vistas a una solución de dos Estados para finales de año.

Ésta ha sido ampliamente criticada desde el ejecutivo israelí puesto que, una vez más, supone un “brindis al sol” por parte de gobiernos europeos que no logran entender la dinámica actual en el conflicto, y cuyas decisiones para llegar a acuerdos -a día de hoy-, solo sirven a modo de presión para acelerar una solución que no es viable en el corto plazo. Tal y como expresó Rivlin ante el pleno del Parlamento Europeo, es necesario que se den las condiciones prácticas, no sólo a nivel interno, sino también a nivel regional, para que se puedan poner en marcha compromisos reales a los acuerdos, y es primordial que éstas se den previamente a llegar a las mesas de negociación, y no al revés.

La estrategia israelí desde el fracaso de los acuerdos de Oslo ha consistido en un rechazo al solucionismo que, sin embargo, es el paradigma de las políticas exteriores estadounidense y europeas, y que ha derivado en reproches a Israel por no querer tomar un camino hacia la paz. No obstante, nada más lejos de la realidad: en un entorno tan hostil, la paz no puede ser alcanzada a base de un pragmatismo que se sirve de grandes planes que pretenden solventar el conflicto “para finales de año”. Más aún, una solución pacífica solo es viable en el largo plazo y el mantenimiento del actual statu quo es la única vía a la estabilidad en la actualidad. Dejando a un lado el escenario de la región, no debemos olvidar, además, que Palestina carece de un liderazgo consolidado que, en caso de que se alcanzase la partición en dos Estados, debería ser capaz de controlar de manera efectiva todo el territorio, incluida Gaza, e imponerse a Hamas y el resto de grupos contrarios a la paz.

Más allá de las críticas, Israel no adolece de una ausencia de agenda nacional para los procesos de paz, pese a las discordancias que puedan existir entre el espectro de soluciones −los dos Estados o el Estado binacional principalmente− dentro del mismo Gobierno, sino que reconoce que no existen soluciones de facto posibles, y define así su estrategia: el rechazo a arreglos rápidos que no hagan sino empeorar el panorama. La situación que rodea y que emerge desde el mismo Estado israelí es sumamente volátil y compleja, con lo que el margen de error a la hora de tratar cuestiones para un status final es muy limitado.

Ello no implica una falta de voluntad para la paz, sino que ésta no es posible en un futuro cercano y los gobiernos europeos han fallado una vez más a la hora de empatizar con las razones que llevan a Israel a actuar de esta forma y que no se deben más que a una coherencia en la seguridad estatal. La iniciativa francesa será un fracaso, como ya sabían los líderes palestinos e israelíes, pero acabará como un reproche a la falta de voluntad israelí y enarbolando la pérdida de una oportunidad que nunca llegó a existir.

 Alicia Pérez Guijarro, Máster en Liderazgo, Diplomacia e Inteligencia

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Fotos: Flash 90 / Unión Europea
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Brexit, consecuencias para la defensa europea

A simple vista, las consecuencias del Brexit para la política de defensa europea serían mínimas a día de hoy, porque no hay una política real, efectiva y compartida sobre la seguridad y la defensa común. Otra cosa es cómo afecte a la dirección y ejecución de la política exterior de la Unión Europea, encarnado en el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Se abre un nuevo escenario de incertidumbre.

Ver análisis completo en este enlace (FAES)

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México: narcotráfico y Fuerzas Armadas

El narcotráfico en México es un problema muy significativo que tiene repercusión en los aspectos económicos, políticos y sociales, siendo el principal agente generador de corrupción y violencia a lo largo y ancho de todo el país. Su influencia llega desde los estratos sociales más necesitados hasta las instituciones políticas y económicas más importantes. Dentro de su complejidad, hay muchos agentes (campesinos, empresarios, consumidores, autoridades…), y tanta variedad como cárteles de la droga hay, organizaciones que cobraron fuerza con la caída de los grandes cárteles colombianos en los años noventa.

Los vacíos de poder que décadas atrás ha dejado el Estado -en los años 70 ya era evidente la ineficacia para combatir el tráfico de drogas- han sido ocupados, principalmente, por estas organizaciones criminales que en algunos lugares del territorio nacional han sustituido al Estado convirtiéndose en “autoridades de facto”, y por lo tanto, haciendo que este pierda legitimidad aumentando la inestabilidad social y política. Alimentado por las deficiencias del sistema económico, el narco se convierte en un medio de subsistencia.

En México, desde mediados de los años 80, con la presión de los Estados Unidos como principal país consumidor, el narcotráfico se definió como un problema de seguridad nacional, superando la idea inicial de que era un problema de seguridad pública. Como las organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico son una clara amenaza contra la paz pública y ponen en grave peligro a la sociedad, la capacidad de contención policial se ha visto claramente superada y varios estados del país figuran entre los más violentos del mundo.

En las últimas décadas, y más fuertemente con el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se incorporaron a esta lucha (“Guerra contra el Narco”) las Fuerzas Armadas Mexicanas, porque es una de las instituciones del Estado con menor infiltración por parte de los distintos grupos o cárteles de la droga. La Marina, desde hace varios años, no solo controla y vigila las costas y ríos de México, sino que se puede ver en territorios del interior de la República como consecuencia de su incorporación a la lucha contra el narcotráfico en apoyo al Ejército, que había sido su principal soporte, y más con el nuevo gobierno de Peña Nieto, desde 2013.

La Infantería de Marina se ha especializado en esta lucha y está presente en más de la mitad de los enfrentamientos armados contra los narcotraficantes, y de manera especial en las detenciones de sus principales líderes, relegando a un segundo plano a la Policía Federal y al Ejército. Con la entrada en juego de las Fuerzas Armadas se ha elevado el número de detenciones y de muertes en los enfrentamientos armados al equilibrarse la potencia de fuego.

Para muchos, la participación de los militares en la lucha contra las drogas supone un retroceso en el fortalecimiento de la democracia porque genera más inestabilidad al exponer a los militares a la corrupción y la violencia. Ciertamente, el ideal sería limpiar de corrupción, en primer lugar, y dotar de capacitación, infraestructura, equipo y personal a las instituciones civiles de seguridad, principalmente a la Policía Federal, para que poco a poco las Fuerzas Armadas vuelvan a realizar, en exclusiva, aquellas funciones de defensa nacional para las que en un inicio fueron creadas.

Aún así, hay que reconocer el esfuerzo, labor y valor que han dejado los militares, siguiendo las órdenes del Poder Ejecutivo, en su desempeño por conseguir un país menos influenciado por el narcotráfico; y remarcar que su participación se dio por la clara incapacidad de las distintas policías municipales, estatales y federal. Todo ello es reconocido por la mayoría de la sociedad que ve al Ejército y a la Marina como garantes de la paz y la seguridad en México.

José Antonio Rodríguez, politólogo especialista en relaciones internacionales

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Foto: AFP / EFE / Reuters

 

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Política exterior de Bush: consecuencias para la seguridad internacional

La denominada política de guerra global contra el terror propició el surgimiento de numerosos conflictos en el mundo musulmán y árabe o, al menos, proporcionó una de las justificaciones o excusas para su eclosión.

Los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 por al-Qaeda en territorio estadounidense se significaron como catalizadores de la implantación de las tesis neoconervadoras en la agenda de la Administración del presidente George W. Bush: su política contra el terrorismo como instrumento para satisfacer su auténtica agenda, esto es, el establecimiento de un orden internacional favorable a los intereses nacionales de Estados Unidos, e impedir el surgimiento de potencias hegemónicas regionales o globales que pudieran rivalizar con dicho orden mundial.

Con el supuesto objetivo de combatir contra la amenaza terrorista, expandir democracias -entiéndase por ello democracias liberales- y salvaguardar los derechos humanos bajo su visión mesiánica y moralista, en cuanto al papel que Estados Unidos ha de desempeñar en el mundo, la Administración de George W. Bush (2001-2008) adoptó una política exterior unilateralista y una perspectiva instrumental de las organizaciones internacionales a la hora de abordar sus objetivos exteriores.

Sin embargo, con su guerra global, la Administración Bush consiguió que, al contrario de lo que supuestamente pretendía, el mundo fuera más inseguro a nivel global, con un muy notable incremento de la inseguridad y la violencia a nivel internacional y de la expansión geográfica del terrorismo yihadista en áreas en las que previamente no existía, no era relevante o estaba latente, como en el norte de África, creando un nuevo emergente desorden mundial con consecuencias aún por determinar.

No se avanzó en la promoción de la democracia en el Próximo y Medio Oriente, a pesar de que ésta era una de sus máximas principales en cuanto a la implementación de su argumentada política contra el terror. Así pues, no incrementó la seguridad internacional sino que, más bien, la ha deteriorado, propiciando el surgimiento de numerosos conflictos a lo largo y ancho del mundo musulmán y árabe. O, al menos, proporcionando una de las justificaciones o excusas para su eclosión.

La arena geopolítica mundial ha venido observando de este modo un estallido de inestabilidad global con la aparición de riesgos asimétricos y difusos de actores cada vez más incontrolables por los Estados (como el terrorismo yihadista), un aumento de la tensión entre Estados y actores emergentes, la incapacidad de organizaciones internacionales para mantener y procurar la paz y estabilidad mundial, etc. Todo ello, puede producir imprevisibles consecuencias en el ámbito de la seguridad internacional.

Muy probablemente, estas amenazas a la seguridad van a impedir alcanzar la estabilidad mundial durante el siglo XXI. A día de hoy están pendientes la resolución y los efectos a medio y largo plazo de varias cuestiones fundamentales en el panorama internacional, como son la situación de Afganistán e Irak; la guerra civil siria; los conflictos entre chiíes y suníes en el Próximo y Medio Oriente junto con la violencia etnosectaria que deriva de los mismos; la amenaza global que supone el salafismo yihadista con al-Qaeda Central y sus franquicias, la organización del Estado Islámico con su extensión al norte de África y el África Subsahariana y, la pugna entre al-Qaeda y el denominado Estado Islámico por acaparar la dirección del movimiento yihadista global.

Ana Belén Perianes, doctora en seguridad internacional, experta en seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio

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Fotos: AP

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Industria de defensa: el caso español


Una industria nacional de defensa fuerte proporciona a un Estado tanta independencia defensiva como tecnología sea capaz de desarrollar, credibilidad a nivel internacional, un aporte económico importante, y sobre todo, poder de disuasión, que es una de las herramientas básicas y fundamentales con las que cuenta un decisor político para conseguir sus fines.

Según un informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en el año 2015 España se situó en el puesto número seis del ranking de países exportadores de material de defensa. Esto supuso 1.279 millones de dólares en ventas. España entró en el top 20 de la lista en 2006 y, desde entonces, se ha mantenido firme en los puestos de cabeza, llegando a situarse en cuarto lugar en el año 2011 como mejor posición obtenida hasta la fecha. El paso adelante en este sector se localiza a partir del año 2006 en el que España pasa del puesto 17 al 7, entrando en el “top ten” de exportadores internacionales, puestos que no ha abandonado hasta ahora, salvo en 2010 que alcanzó el 12º lugar.

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El líder político debe asegurar la misión más básica de su Ejército, que no es otra que la de tener la capacidad de autodefensa; es decir, deben asegurar la capacidad de los Estados de defender su territorio nacional y deben asegurar un mínimo de independencia industrial y tecnológica para ello. En según qué situaciones el país puede no contar con ningún apoyo externo para la autodefensa, o por contrato incluso tenerlo negado o con límites en el uso de los sistemas extranjeros, con lo que militarmente surge la necesidad de una producción de defensa propia. No se trata de conseguir la autarquía en industria de defensa, ya que los diferentes intereses de los países de la Unión Europea derivan en una variedad de materiales que siempre enriquece los resultados -el producto al fin y al cabo-. Pero un país debería poder contar con una industria de defensa que le proporcione cierta independencia a la hora de actuar. industria_defensa2

Además, hay que tener en cuenta que los países exportadores pueden poner condiciones al uso del armamento o tecnología que venden, de manera que ésta no pueda utilizarse con los aliados de los estados suministradores. Como ejemplo, podemos poner el caso del veto del gobierno de EE.UU. a la venta a Venezuela por parte de España en el año 2006, de fragatas y aviones, debido a que los pedidos contenían componentes tecnológicos americanos. Por todo lo expuesto, es importante que los líderes políticos apoyen a la industria de defensa nacional, no solo por el componente económico, que es el más visible, sino lo que es más importante, porque estarán invirtiendo en seguridad, confianza y tecnología.

Los principales programas en los que España está implicada son las fragatas F-110, el submarino S-80, que se perfila como la plataforma de propulsión convencional más avanzada del mundo, y los aviones turbohélice de transporte A400M, junto con el avión de superioridad aérea Eurofighter. Esto le convierte en una potencia internacional en el sector naval y aeronáutico. En el componente terrestre, construye principalmente sistemas con patente extranjera, como son el caso del Leopardo 2E y del fusil de asalto HK-G3, de procedencia alemana en ambos casos, sin  que exista actualmente ningún gran proyecto genuinamente nacional,  por el momento.

David Moreno, Máster en Liderazgo, Diplomacia e Inteligencia

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Fotos: Ministerio de Defensa / CCOO-UGT-TEDAE / SIPRI