España y Huawei: una decisión tecnológica con coste geopolítico
Paper 60
30 Julio 2025
Es un hecho incuestionable que la tecnología se ha consolidado como una extensión directa de la política exterior y de la seguridad de los Estados. En este nuevo escenario geopolítico, las decisiones relativas a qué tecnologías adoptar y de qué proveedores depender han dejado de ser cuestiones meramente técnicas para convertirse en elecciones estratégicas que impactan de forma directa en la soberanía tecnológica, la seguridad nacional y la proyección internacional de los Estados.
A la luz de esta lógica, la reciente adjudicación por parte del Ministerio del Interior de España de un contrato valorado en 12,3 millones de euros a la empresa china Huawei ha suscitado un debate inevitable. El contrato contempla la provisión de hardware de almacenamiento para el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), una herramienta clave en las labores de inteligencia y seguridad del Estado. SITEL es utilizado por jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad para llevar a cabo escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, en el marco de investigaciones relacionadas con terrorismo, crimen organizado, narcotráfico o corrupción. En este sentido, la sensibilidad de la información que se procesa y almacena en este sistema ha llevado a que se considere como infraestructura crítica conforme a la Ley 8/2011, que establece el marco para la protección de estos activos esenciales para el funcionamiento del país.
En este contexto, la elección de Huawei como proveedor de los equipos OceanStor 6800V5, responsables del almacenamiento de las comunicaciones interceptadas y de información confidencial, plantea importantes interrogantes estratégicos. Si bien la empresa ofrece soluciones tecnológicas de alto rendimiento y competitividad económica, su relación con el gobierno de la República Popular China y las implicaciones potenciales en términos de seguridad, control de datos y dependencia tecnológica han sido objeto de controversia en múltiples países aliados de España.
Aunque el Gobierno español sostiene que el sistema se encuentra físicamente aislado, cifrado y cumple con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la naturaleza del proveedor suscita serias preocupaciones. Huawei es una empresa con estrechos vínculos con el Partido Comunista Chino y sujeta a la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China, aprobada en 2017, que obliga a todas las compañías del país a colaborar con los servicios de inteligencia si se les requiere. Esto implica que, si Huawei gestiona o tiene acceso a plataformas con datos sensibles en España, existe un riesgo potencial de que dicha información pueda ser accedida por el gobierno chino a través de requerimientos legales.
Este marco legal, sumado a la falta de transparencia operativa que caracteriza al ecosistema digital chino, ha llevado a varios países —como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Suecia— a excluir a Huawei de sus redes 5G, infraestructuras críticas y centros de datos públicos. España, en cambio, ha optado por confiarle el almacenamiento de datos provenientes de uno de sus sistemas de inteligencia más sensibles, planteando un dilema fundamental en materia de soberanía digital.
Aunque el sistema esté técnicamente protegido, el hecho de que el hardware y el firmware provengan de un proveedor extranjero ajeno al ecosistema democrático europeo supone un riesgo estructural difícil de auditar en su totalidad. Ni los procesos de desarrollo ni las posibles puertas traseras (backdoors) pueden examinarse con plena transparencia por parte de auditores nacionales o europeos, especialmente cuando el proveedor está sujeto a legislaciones externas que no garantizan ni transparencia ni rendición de cuentas.
En otras palabras, la soberanía tecnológica se ve comprometida cuando el control sobre componentes críticos queda fuera del alcance normativo y judicial de la Unión Europea. No existen, por lo tanto, garantías sólidas de que el proveedor respete los principios de ciberseguridad, protección de datos o no colaboración con servicios de inteligencia extranjeros. Esto introduce una vulnerabilidad estratégica que no puede resolverse únicamente con medidas técnicas o contractuales.
En esta línea, una vez más, la historia reciente ofrece advertencias claras. Durante la Guerra Fría, la empresa suiza Crypto AG, proveedora de dispositivos de cifrado para decenas de países, resultó estar controlada en secreto por la CIA y el servicio de inteligencia alemán (BND). Esta operación encubierta permitió a Estados Unidos y Alemania interceptar durante décadas las comunicaciones de aliados y adversarios. Lo que entonces parecía una decisión técnica neutra —la compra de hardware de cifrado— resultó ser una maniobra de inteligencia cuidadosamente diseñada. El caso Crypto AG subraya que la procedencia del hardware y software utilizado en entornos sensibles nunca es inocente. Más aún, enfatiza la necesidad de garantizar transparencia, trazabilidad y alineamiento democrático en cada decisión tecnológica que afecte a la seguridad del Estado.
En este sentido, la elección de Huawei afecta también la credibilidad de España dentro de sus alianzas estratégicas. Organismos como la OTAN o la Unión Europea fundamentan su interoperabilidad tecnológica en la confianza mutua. Plataformas como el sistema C4ISR o los acuerdos de intercambio de inteligencia, como los de tipo Five Eyes+, exigen altos estándares de fiabilidad técnica y política, por lo que la introducción de un proveedor considerado de “alto riesgo” puede hacer que otros Estados perciban a España como un eslabón vulnerable, lo cual podría limitar la cooperación operativa o reducir el acceso a inteligencia compartida.
De hecho, voces críticas ya han manifestado desde Estados Unidos su descontento. Congresistas como Tom Cotton y Rick Crawford han declarado que este contrato “pone en riesgo la seguridad nacional de España y de sus aliados”. Además, cabe destacar que dentro del marco contemporáneo de la ciberdefensa, la percepción de vulnerabilidad puede ser tan disuasoria y perjudicial como una vulnerabilidad real.
A nivel comunitario, la Comisión Europea ha reiterado que Huawei representa un proveedor de riesgo elevado. Al ignorar estas advertencias, España se aleja del consenso europeo en materia de seguridad tecnológica y compromete el esfuerzo conjunto por construir una autonomía estratégica digital frente a actores como China o Rusia. Esta decisión no solo debilita la coherencia geopolítica española, sino que también proyecta un mensaje ambiguo sobre su alineamiento dentro del eje occidental.
En definitiva, la elección de Huawei para suministrar tecnología al sistema SITEL no es una decisión neutra. Se trata de una elección con profundas implicaciones para la seguridad nacional, la soberanía digital y la posición estratégica de España en el tablero internacional. En un momento histórico en el que los flujos de información, las infraestructuras críticas y los sistemas de defensa están profundamente digitalizados, el control sobre la tecnología que los sustenta es tan vital como el control del territorio o del espacio aéreo.
Así, apostar por proveedores alineados con los principios democráticos, sujetos a marcos legales compatibles con el Estado de Derecho y auditables por instituciones europeas, no es una preferencia política: es una necesidad estratégica. Solo desde esa base podrá garantizarse una seguridad nacional plena, una soberanía digital efectiva y una participación creíble en las alianzas internacionales que estructuran el orden liberal global.
Rebeca Radío Armindo
Ingeniera en Ciberseguridad y Analista de Inteligencia
Las opiniones de este análisis son de exclusiva responsabilidad de su autor.