Industria de defensa: el caso español
Una industria nacional de defensa fuerte proporciona a un Estado tanta independencia defensiva como tecnología sea capaz de desarrollar, credibilidad a nivel internacional, un aporte económico importante, y sobre todo, poder de disuasión, que es una de las herramientas básicas y fundamentales con las que cuenta un decisor político para conseguir sus fines.
Según un informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en el año 2015 España se situó en el puesto número seis del ranking de países exportadores de material de defensa. Esto supuso 1.279 millones de dólares en ventas. España entró en el top 20 de la lista en 2006 y, desde entonces, se ha mantenido firme en los puestos de cabeza, llegando a situarse en cuarto lugar en el año 2011 como mejor posición obtenida hasta la fecha. El paso adelante en este sector se localiza a partir del año 2006 en el que España pasa del puesto 17 al 7, entrando en el «top ten» de exportadores internacionales, puestos que no ha abandonado hasta ahora, salvo en 2010 que alcanzó el 12º lugar.
El líder político debe asegurar la misión más básica de su Ejército, que no es otra que la de tener la capacidad de autodefensa; es decir, deben asegurar la capacidad de los Estados de defender su territorio nacional y deben asegurar un mínimo de independencia industrial y tecnológica para ello. En según qué situaciones el país puede no contar con ningún apoyo externo para la autodefensa, o por contrato incluso tenerlo negado o con límites en el uso de los sistemas extranjeros, con lo que militarmente surge la necesidad de una producción de defensa propia. No se trata de conseguir la autarquía en industria de defensa, ya que los diferentes intereses de los países de la Unión Europea derivan en una variedad de materiales que siempre enriquece los resultados -el producto al fin y al cabo-. Pero un país debería poder contar con una industria de defensa que le proporcione cierta independencia a la hora de actuar. 
Además, hay que tener en cuenta que los países exportadores pueden poner condiciones al uso del armamento o tecnología que venden, de manera que ésta no pueda utilizarse con los aliados de los estados suministradores. Como ejemplo, podemos poner el caso del veto del gobierno de EE.UU. a la venta a Venezuela por parte de España en el año 2006, de fragatas y aviones, debido a que los pedidos contenían componentes tecnológicos americanos. Por todo lo expuesto, es importante que los líderes políticos apoyen a la industria de defensa nacional, no solo por el componente económico, que es el más visible, sino lo que es más importante, porque estarán invirtiendo en seguridad, confianza y tecnología.
Los principales programas en los que España está implicada son las fragatas F-110, el submarino S-80, que se perfila como la plataforma de propulsión convencional más avanzada del mundo, y los aviones turbohélice de transporte A400M, junto con el avión de superioridad aérea Eurofighter. Esto le convierte en una potencia internacional en el sector naval y aeronáutico. En el componente terrestre, construye principalmente sistemas con patente extranjera, como son el caso del Leopardo 2E y del fusil de asalto HK-G3, de procedencia alemana en ambos casos, sin que exista actualmente ningún gran proyecto genuinamente nacional, por el momento.
David Moreno, Máster en Liderazgo, Diplomacia e Inteligencia
Fotos: Ministerio de Defensa / CCOO-UGT-TEDAE / SIPRI