Misión española en Colombia

Paper 36

21 Diciembre 2020

Tras la firma de los Acuerdos de La Habana en junio de 2016, el gobierno colombiano solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU la autorización de una misión de verificación para el conflicto, con la condición de que estuviera presente España. La experiencia en operaciones internacionales y en resolución de conflictos resultaba una garantía política para los actores implicados. A este argumento se sumaban los buenos resultados de la cooperación conjunta en materia de seguridad y defensa. Los convenios más destacados eran el acuerdo entre la Policía Nacional de Colombia y el Cuerpo Nacional de Policía en 1998, y el protocolo de cooperación firmado por los respectivos ministerios de Defensa en 2003. El despliegue de la Misión de Naciones Unidas en Colombia (MNUC) comenzó en noviembre de 2016 y ha aportado lecciones aprendidas en diplomacia de Defensa y resolución de conflictos. El objetivo de este análisis es mostrar una serie de aspectos que consideramos relevantes para comprender la importancia de la presencia española en la región.

Origen y evolución del conflicto

El conflicto en Colombia se extiende a más de 50 años. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) nacieron a mediados del siglo pasado, como un movimiento de autodefensa de los campesinos debido al periodo de La Violencia -enfrentamiento entre conservadores y liberales- consolidándose finalmente como una guerrilla comunista, según el modelo de movimientos de liberación diseñados y fomentados por la URSS. Tras todas estas décadas ha derivado en una estructura paralela al Estado, una forma de vida necesitada de financiación, legitimación e influencia social y política.

Cincuenta años significa que numerosas generaciones no han conocido otro clima que el de violencia. Se trata de un conflicto que ha marcado la vida diaria del pueblo colombiano, con una intensidad desigual y en medio de una geografía muy compleja. El conflicto responde a un contexto histórico de injusticia social y se expresa en el desempleo, la corrupción política, los negocios ilícitos, el poderosísimo narcotráfico o la rivalidad ideológica. Cabe mencionar que se trata del conflicto más importante de América y el más antiguo del hemisferio occidental. Las cifras se resumen en más de 260.000 muertos, 70.000 desaparecidos y alrededor de 7 millones de desplazados.

En los años 80 se da un salto en intensidad. El modelo de “guerrilla revolucionaria” se propone el objetivo de tomar el poder del Estado y pasa a denominarse Ejército del Pueblo (FARC-EP). Al mismo tiempo se crea el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que todavía está en guerra contra el Gobierno, así como diversas guerrillas, actualmente ya descabezadas. En esta situación, como reacción a la acción terrorista, surgen los grupos paramilitares, denominados de “auto-defensa”, que combatían a las FARC y el ELN. Con el tiempo fueron adquiriendo entidad y estructura, y tras la firma de la paz decidieron entregar parcialmente las armas.

A finales de los años 90 Estados Unidos entra en escena y, tras un acuerdo de cooperación, pone en marcha el Plan Colombia. La firme decisión de Washington marca el punto de inflexión del conflicto porque supone un cambio de paradigma desde el punto de vista estratégico, operacional y táctico. El Plan dotaba de apoyo logístico, capacitación y formación, así como de inteligencia y nuevos sistemas de armas. Un presupuesto sostenido de millones de dólares permitió modernizar y organizar tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía Nacional. El objetivo inmediato era neutralizar a un adversario fuertemente implantado en un territorio complejo y con unas sólidas redes logísticas y de financiación. Este apoyo fue clave contra la lucha armada y permitía al Gobierno ir avanzando tanto en la reconstrucción social como en los objetivos políticos.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se inicia una política de confrontación directa alejada del diálogo promovido por el expresidente Andrés Pastrana. La estrategia de Uribe contra las FARC llevaría a bombardear campamentos rebeldes, atacar cultivos de coca -principal fuente de financiación- y potenciar las operaciones sobre el terreno. En 2012, con Juan Manuel Santos como presidente, se decide iniciar las conversaciones entre el Gobierno y las FARC. Estas negociaciones tuvieron su expresión en los Acuerdos de La Habana, en junio de 2016, y se planteaba como el comienzo del fin del conflicto. En noviembre del mismo año se ratificaron las conversaciones, tras un largo camino, firmando un nuevo texto para la paz en Bogotá.

Naciones Unidas y España

El despliegue en Colombia comenzó en noviembre de 2016. Un criterio práctico era que no se llevaría uniforme militar ni se portarían armas, ya que, desde el punto de vista de la narrativa del conflicto, Bogotá no quería mostrar presencia militarizada por el riesgo de dar una imagen de Estado fallido. La misión MNUC tenía como objetivo garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, efectuar el proceso de entrega de armas por parte de los guerrilleros y mantener el diálogo entre todas las partes del conflicto colombiano. En un principio la misión la formaban 14 miembros de las Fuerzas Armadas (Defensa) y 4 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Interior), estos últimos ya no se encuentran desplegados. En un primer momento los observadores se centraron en identificar las unidades de guerrilleros y su armamento en los Puntos de Preagrupamiento Temporal (PPT). El armamento recogido en las caletas fue destruido por un oficial experto en logística.

A lo largo del tiempo, como suele ocurrir, la misión ha sufrido cambios. Cuando se cumplieron los puntos del Acuerdo de Paz, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió finalizarla y crear la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia (MVNUC). El objetivo eran las tareas de reintegración de los exguerrilleros y la misión vio recortado el número de componentes, pasando de 450 a 190.

El coronel Manuel Monzó era miembro del Departamento de Garantías de Seguridad y jefe del contingente español en Colombia desde agosto de 2019 hasta septiembre de 2020. Como aspectos proporcionados a resaltar, serían los siguientes: primero, que la misión MVNUC tiene un marcado carácter político, algo que implica una mayor extensión en el tiempo para alcanzar los objetivos; segundo, que su permanencia proporciona legitimidad internacional al gobierno colombiano frente a los que no desean la implementación de los términos del Acuerdo de Paz ni aceptan este proceso.

En el marco político podemos subrayar que, por parte del gobierno de Iván Duque, el sector más radical de Centro Democrático (CD), partido gobernante, aviva una polarización social escenificada en las embestidas contra la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de un tribunal esencial en el Acuerdo al que acusan desde el CD de ser indulgente hacia los miembros de las FARC.

Los cometidos de España en la misión son diversos. El personal militar se integra en grupos multidisciplinarios, que son unidades formadas por personal funcionario de Naciones Unidas, militares, policías, voluntarios de la ONU y consultores colombianos. Las labores son las propias de un observador internacional: observar los altos al fuego temporales entre Gobierno y ELN o garantizar las condiciones de seguridad y reintegración de los exguerrilleros. Actualmente, proporciona cinco oficiales y realizan labores de observador militar y policial, respectivamente. Obviamente, esta presencia tan reducida limita los esfuerzos españoles para lograr los objetivos.

Es importante alertar sobre el auge de la violencia. La situación en Colombia ha empeorado significativamente desde 2018. En este sentido, las voces críticas hacia los Acuerdos de La Habana merecen ser tenidas en cuenta porque algunas de ellas se han cumplido. Los conflictos se han potenciado en las poblaciones rurales, donde apenas tiene presencia la realidad estatal y es muy complicado garantizar el orden legal y la seguridad. Las luchas, tanto internas como contra las fuerzas de seguridad estatales, entre disidentes de las FARC, el ELN y grupos de narcotraficantes suponen un escenario de enorme incertidumbre.

El objetivo de los diferentes actores es hacerse con el control y la logística del principal recurso: los cultivos de cocaína. Además de ser la principal fuente de financiación, lo es también de empleo rural. La falta de presencia estatal en las áreas rurales ha llevado al gobierno de Duque a iniciar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). La intención es promover el desarrollo de infraestructuras claves. La pandemia del COVID también ha hecho efecto, no solo en los enfrentamientos, sino en el empeoramiento de la situación económica.

Diferentes organismos internacionales alertan del incremento de violencia en el país iberoamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por el aumento de la actividad armada, contabilizando más de 40 masacres realizadas a lo largo de 2020. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH) ha resaltado el aumento de ataques a personas defensoras de los derechos humanos y líderes indígenas, superando la cifra de 200 asesinatos. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) destaca que las acciones armadas han aumentado un 65% desde los Acuerdos. Por último, un informe especial elaborado por Indepaz apunta más de 900 asesinados desde el Acuerdo de Paz, entre líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Destacando el departamento de Cauca, el índice más violento con 226 personas fallecidas. Los autores son desde sicarios, narco-paramilitares, disidentes de las FARC, grupos del ELN, hasta miembros de la Fuerza Pública. A pesar de este panorama, muy pocos grupos siguen las directrices de los “comandos de coordinación”, por lo que los responsables de la misión indican que no se espera un regreso a los tiempos pasados del conflicto.

Conclusiones

  • El recrudecimiento de los enfrentamientos, tal y como indican los datos, llama la atención a los analistas ya que se trata de un conflicto que sacude al país desde hace 50 años, y habrá que valorar cómo va afectando a los desplazamientos de población, tanto dentro hacia el interior como a las fronteras de los cinco países vecinos: Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá. También habrá que valorar si el conflicto degenera en un efecto dominó en la región, activando otros potenciadores de riesgos.

  • La misión española en Colombia es importante. Por ello hay que poner en valor el compromiso y la actividad desarrollada porque son lecciones aprendidas y experiencias que pueden ayudar a la resolución de conflictos. El factor humano es la garantía que permite abordar conflictos, y éste recae no únicamente en el personal diplomático, sino en el de las Fuerzas Armadas. La agenda de España en la seguridad internacional debe estar orientada a sus intereses y éstos incluyen también los lazos históricos y culturales con Hispanoamérica. Llegado el caso, no se deberían descartar acuerdos de cooperación que incluyan la participación del Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE).

  • Es evidente la falta de interés mediático sobre la misión española en Colombia. La opinión pública española debería tener en cuenta la actividad que desarrolla el personal destacado en la misión porque es una forma de mostrar nuestra presencia internacional en materia de seguridad. Teniendo en cuenta el interés estratégico de España hacia el continente americano, el significado de dicho valor se multiplica.

Iago Soler Castiñeira

Las opiniones de este análisis son de exclusiva responsabilidad de su autor.