Incendios forestales y seguridad nacional: el desafío estratégico de la gestión del medio rural

Paper 61

19 Agosto 2025

La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) del año 2021 constituye un marco de referencia esencial para la identificación de riesgos y desafíos que afectan a España, abarcando tanto amenazas tradicionales como emergentes. Entre estas amenazas, el cambio climático se perfila como un factor crítico, evidenciado por fenómenos meteorológicos extremos que incluyen olas de calor, como las ocurridas los últimos meses con temperaturas superiores a 40?°C en algunos puntos del país, sequías prolongadas, inundaciones como la DANA vivida en Valencia, e incendios forestales de gran magnitud como los ocurridos en los últimos días. En este contexto, con respecto a estos últimos, cabe destacar que la protección y la gestión contra incendios y catástrofes forma parte de la política de defensa de España y que el medio rural y el entorno forestal adquieren un carácter estratégico y significativo en la era actual, no solo por su valor ambiental y social, sino también por su relevancia para la seguridad nacional, la mitigación de riesgos climáticos y la preservación de recursos esenciales como la biodiversidad y el agua.

A fecha de agosto de 2025, España se enfrenta a una de las crisis de incendios forestales más graves de su historia reciente. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la evolución de los últimos cinco años refleja una tendencia preocupante. En 2020 ardieron aproximadamente 42.314 hectáreas, cifra inferior a la media decenal, mientras que en 2021 España se integró en la segunda peor temporada europea desde 2000, con cerca de 90.000 hectáreas afectadas. Sin embargo, no fue hasta 2022 cuando se registró un auténtico desastre, con más de 293.000 hectáreas quemadas, siendo esta la peor cifra de los últimos quince años. En 2023, los datos del primer semestre reflejan casi el triple de hectáreas afectadas respecto al mismo período de 2022, mientras que 2024 presentó un descenso a cifras cercanas a 42.000 hectáreas. Ahora bien, en 2025, los datos provisionales son más que preocupantes, reflejando más de 340.000 hectáreas quemadas en lo que va de año y convirtiéndose en el peor año en cuanto a incendios de la historia, incluso superando las 218.956 hectáreas calcinadas en 2012 y con incendios particularmente devastadores en Castilla y León, Galicia y Extremadura que se extienden a Portugal y Asturias entre otras zonas de España.

Estos datos confirman una tendencia al alza en la frecuencia y severidad de los incendios forestales, lo que plantea interrogantes sobre las causas subyacentes y la eficacia de las políticas de gestión y prevención existentes.

En base a lo anterior, el incremento de incendios forestales en España responde a una interacción compleja de factores naturales, humanos y socioeconómicos. Entre las causas naturales destacan las altas temperaturas, la escasez de precipitaciones y la recurrencia de olas de calor. Entre las causas humanas, por su parte, se incluyen negligencias, quema de restos agrícolas sin control, fogatas o barbacoas mal apagadas, urbanización en zonas rurales e incendios intencionados, siendo estos últimos el reflejo de los 56 detenidos y 142 investigados, según informes de la Cadena SER, por presunto incendio intencional desde junio de este mismo año.

Sin embargo, uno de los elementos más relevantes es la dimensión socioeconómica y de gestión del medio rural. El abandono progresivo del territorio rural y forestal conlleva la acumulación de matorrales y residuos vegetales, incrementando la disponibilidad de combustible para incendios. A ello se suma que ciertas restricciones legales orientadas a la conservación ambiental limitan la limpieza de montes, la tala de árboles controlada, la quema de restos vegetales e incluso la limpieza del borde de los ríos que pueden actuar como cortafuegos naturales, incrementando indirectamente el riesgo de incendios y trascendiendo aquello que se ha hecho “de toda la vida”. Asimismo, la escasez de recursos humanos y materiales, los recortes presupuestarios para el mantenimiento de aeronaves o para formación en seguridad forestal, e incluso la lenta velocidad de respuesta para hacer frente a emergencias de esta magnitud agrava aún más la situación.

En esta línea, cabe resaltar que la mala gestión del medio rural y forestal tiene consecuencias directas y multidimensionales sobre la sociedad, sobre la seguridad nacional y por consiguiente, sobre la seguridad ciudadana. En el ámbito económico, los incendios generan daños significativos a la agricultura y a la ganadería. De esta forma, es importante recordar que existen personas que dependen de estas actividades, que el medio rural es su vida, y no solo valorar su importancia en situaciones catastróficas como la crisis de la COVID-19, la DANA de Valencia e incluso el volcán de La Palma. Por otro lado, en el ámbito ambiental, se observa degradación de suelos que tarda años en regenerarse y por tanto, dificulta el pasto de la ganadería, pérdida de biodiversidad, emisiones de CO? y alteración del ciclo del agua. A todo esto se suma la pérdida económica en cuanto a viviendas dando lugar a evacuaciones de localidades enteras. Por ejemplo, en lo que va de año se estiman más de 27.000 personas evacuadas en varias regiones del norte, 2.000 personas evacuadas en Cádiz y entre 180 y 200 personas en Madrid.

Finalmente, desde una perspectiva humana, se producen daños mortales. El hecho de que personas que, debido a la falta de recursos y personal, arriesguen su vida para defender su trabajo, su sustento, la seguridad y la comida de todos, da lugar en ocasiones a tragedias y pérdida de vidas.

Lección aprendida

Por todo ello, es una realidad que los montes requieren mantenimiento, vigilancia y control continuos, labores que tradicionalmente han sido asumidas por quienes habitan el medio rural y que conocen y valoran sus recursos más directamente. Asimismo, debe considerarse como lección aprendida que este es un problema que se repite año tras año y que para prevenirlo quizá sea necesario adaptarse a la era actual y estar a la vanguardia, no sólo con técnicas tradicionales sino también con técnicas cibernéticas y de ciberinteligencia para detectar patrones, ayudar a la toma de decisiones y anticiparse a este tipo de catástrofes.

A la luz de esta realidad y a modo de conclusión, resulta evidente que España carece en la actualidad de un plan de gestión, control y mantenimiento del entorno forestal eficaz y adaptado a las necesidades de quienes viven en entornos rurales.

Por ello, la experiencia reciente muestra que la protección del medio rural no puede limitarse a la legislación ambiental ni depender exclusivamente de recursos externos; sino que requiere estrategias integrales que contemplen la gestión sostenible, la prevención activa de incendios y la implicación directa de las comunidades locales. Mantener caminos, senderos y cortafuegos, así como garantizar la actividad agrícola y ganadera, es cuestión de conservación ambiental, de seguridad nacional y resiliencia frente a crisis climáticas y desastres naturales. Nadie cuidará más el medio rural que quien vive en él, y es a partir de esta realidad donde se debe replantear la política de protección del territorio con un enfoque que combine acción estatal, inversión y participación local para evitar que los incendios continúen, como cada año, dejando un impacto irreversible sobre España.

Rebeca Radío Armindo
Ingeniera en Ciberseguridad y Analista de Inteligencia

Las opiniones de este análisis son de exclusiva responsabilidad de su autor.