El dimensionado y la preparación de la reserva militar es una preocupación constante de aquellos países que, aunque sometidos a limitaciones presupuestarias, no se resignan a ofrecer una respuesta apropiada a su entorno estratégico. Así sucedió con el Reino Unido, quien planeó aumentar en 2013 el tamaño de su reserva terrestre para contrarrestar la reducción de efectivos permanentes forzada por la mengua presupuestaria. De esta manera, un cuarto de la capacidad del Ejército de Tierra británico acabará estando en manos de militares a tiempo parcial. Además, les serán entregadas a los reservistas varias misiones en exclusiva, como las que requieren conocimientos culturales del país de despliegue, las logísticas y las de transmisiones, incluidas algunas especialidades emergentes como la lucha contra el ciberterrorismo.

De manera similar, conmocionada por la terrible serie de atentados sufridos durante el año anterior, Francia decidió en 2016 suspender la reducción de personal regular ya en curso y crear, además, una Guardia Nacional constituida por 85.000 reservistas de los dos Ejércitos, la Marina, los Cuerpos Comunes, la Gendarmería y la Policía Nacional. A este gran contingente se le otorgará un enorme peso en las misiones de seguridad interior, permitiendo con ello que las unidades profesionales puedan sostener el nivel de presencia exterior que más conviene a los intereses galos.

Este enfoque es, precisamente, el que más se corresponde con el que sugiere Javier Solana, quien recordó hace poco que a Europa se le protege también desde fuera de los límites continentales. En ese mismo artículo de “El País” (27/09/2016) recomendaba la incorporación de capacidades civiles a la seguridad europea, propugnando un marco en el que la separación de los ámbitos civil y militar no esté tan marcada.

España, por su parte, cuenta con una reserva basada en el aprovechamiento de conocimientos civiles que aportan ciudadanos voluntarios. Diseñada inicialmente para alcanzar los 10.000 efectivos en 2025, llegó a tener casi 5.500 en 2011. Ese ha sido su máximo. Desde entonces no ha hecho otra cosa que descender hasta los 4.065 con los que acabó el año pasado. Languidece, por tanto. Y no sólo de un modo cuantitativo. Los reservistas voluntarios españoles son activados un número de días al año que está por debajo de la mitad del promedio de la OTAN, tienen un protagonismo anecdótico en las misiones internacionales y están ausentes de la lucha contra las nuevas amenazas, mientras que contemplan año tras año cómo las plazas convocadas por el Ministerio de Defensa no son capaces siquiera de compensar la mitad de abandonos y bajas por edad.

En ese sentido, el propio Observatorio de la Vida Militar lleva un par de años avisando de este punto débil en nuestra defensa y proponiendo, al mismo tiempo, un cambio de modelo. La única reacción de los poderes públicos ha sido la creación, en 2015, de una subcomisión en el seno de la Comisión de Defensa del Congreso. Dicho órgano estuvo trabajando durante varios meses sin ofrecer ningún dictamen. Para evitar repetir los errores pasados, quizá más que un cambio de modelo, se debería analizar por qué no se explotan mínimamente las posibilidades de la configuración actual y por qué no se imitan las decisiones que, para adaptarse a la evolución de una amenaza compartida, están tomando nuestros aliados.

Entretanto, y pasados quince años desde la suspensión del servicio militar obligatorio, España todavía tiene pendiente convertir la excelente disposición de servir —de una significativa fracción de la población española— en el complemento eficaz y eficiente de unas Fuerzas Armadas profesionales y reducidas.

José Miguel Quesada González, Doctor en Paz y Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)

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