Es bien sabido que el contexto estratégico de la Unión Europea se ha transformado considerablemente durante los últimos años debido a los retos en materia de seguridad que afectan a los Estados miembros dentro de sus fronteras y más allá. La creciente inestabilidad presente en el vecindario europeo, la anexión de Ucrania por parte de Rusia, la crisis de refugiados, la amenaza yihadista, los riesgos en ciberseguridad, los planes Brexit del Reino Unido en un contexto de crisis económica y, la preocupación que suscita el compromiso electoral de Donald Trump respecto a reevaluar las alianzas internacionales de Estados Unidos, han devuelto el foco de atención a la seguridad y defensa en las agendas de los líderes de la Unión debido a la gravedad de los desafíos que plantean.
En este sentido, la reciente victoria electoral de Trump emergió como uno de los retos que más incertidumbres plantea respecto al futuro de la política europea de seguridad y defensa. Uno de los temas más recurrentes en asuntos de política exterior durante su campaña electoral fue que los aliados y socios globales de Estados Unidos deben costearse sus propios gastos de seguridad y que se aprovechan del paraguas de seguridad que le proporciona la superpotencia norteamericana. EEEUU contribuye a una parte muy significativa del presupuesto OTAN (cerca del 70% del total), por lo que compromisos electorales obligan a pensar en sus posibles consecuencias para la seguridad europea.
Aunque no podemos saber por el momento qué dirección tomará la política internacional de la Administración Trump, es posible que reevalúe los compromisos adquiridos por Estados Unidos con sus alianzas internacionales en base al coste-beneficio norteamericano. Antes, ningún presidente estadounidense había cuestionado la seguridad europea y la pertenencia a la OTAN como parte de los intereses nacionales de su país.
En este escenario, además de los cambios que afronta el continente, la Unión Europea debe abordar la ausencia de la solidaridad y voluntad política necesarias para encontrar vías de solución a esos problemas. Los Estados miembros precisan una única posición e intereses comunes en política de seguridad, defensa y asuntos exteriores para no verse afectados por las decisiones y prioridades de otros países. En definitiva, la Unión Europea debería ser su principal proveedora de seguridad.
Con independencia de qué dirección tome la política exterior de la Administración Trump hacia Europa, la Unión debería superar sus divisiones políticas y ser más ambiciosa sobre su propia seguridad y capacidades de seguridad y defensa. Y, cumpla o no con los compromisos respecto a la seguridad de los aliados europeos, la Unión debería tomar plena conciencia sobre el incremento de los riesgos y retos securitarios a los que se enfrenta Europa.
La política requiere una perspectiva de largo plazo para alinear los intereses y experiencia de todos los actores con roles significativos en asuntos de seguridad y defensa -como Estados miembros, sociedad civil y la industria de defensa-. Como señala Christian Mölling, Senior Resident Fellow de la German Marshall Fund of the United States, «una visión de largo plazo permitiría a la Unión Europea incrementar la conciencia de las sociedades europeas sobre los riesgos y amenazas que enfrentan y producir las capacidades de seguridad y defensa«.
Se han producido pasos alentadores para la integración europea en materia de seguridad y defensa, como la adopción por parte del Consejo Europeo de las conclusiones sobre la implementación de la Estrategia Global de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa y la propuesta de la Comisión Europea de creación del Fondo de Defensa Europeo. Pero, la trascendencia de los retos que encara la seguridad europea hace imprescindible que los Estados miembros continúen construyendo una autonomía estratégica, capacidades de seguridad y defensa y una sólida cohesión política.
Ana Belén Perianes Bermúdez, Doctora en Seguridad Internacional
