Análisis 267
El coronavirus ha venido a recordarnos el daño que una enfermedad contagiosa puede infligir a la humanidad en su conjunto y, mientras mantenemos la lucha contra la pandemia, muchos interrogantes sobre su origen están aún abiertos. Con independencia de que sean ciertas o no, aquellas teorías que afirman que el Covid-19 se trata de un patógeno alterado en un laboratorio. Lo cierto es que en la actualidad y, gracias a los avances en ingeniería genética, es posible la creación de patógenos recombinantes artificiales y, por supuesto, el empleo de los mismos como armas.
Las armas biológicas, clasificadas como armas de destrucción masiva (ADM), son aquellas que utilizan cualquier tipo de agente patógeno viviente (virus, bacteria, etc. de origen natural o alterado/creado artificialmente) con fines militares (incapacitación o destrucción del enemigo o de sus recursos, etc.). Usando los patógenos y los medios de dispersión adecuados, estos artefactos son capaces de causar daños espectaculares y duraderos en áreas inmensas. Además, los procesos de producción de armas biológicas son comparativamente baratos y relativamente sencillos, ya que no requieren de una infraestructura particularmente compleja, costosa o especializada.
No resulta descabellado, pues, afirmar que esta tecnología puede, en un futuro próximo, alcanzar un potencial destructivo superior o igual al de las armas nucleares, por lo que es necesario profundizar en los esfuerzos de no-proliferación y de desarme.
La Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas (CABT), que entró en vigor en 1975, prohíbe el desarrollo, la producción y el almacenaje de agentes biológicos, así como de sus equipos o vectores, siempre que estos no estén destinados a “fines pacíficos y/o profilácticos”. (CABT Art. 1.)
No obstante, los componentes precursores necesarios para la creación de armas biológicas son elementos de doble uso: civil y militar. Esto quiere decir que las mismas sustancias y elementos que se utilizan para la producción de armas biológicas también se usan para fines pacíficos, tales como la medicina, la investigación, la protección, etc.
A esta inherente complejidad técnica y legal hay que sumar el hecho de que la CABT no dispone, en la actualidad, de ningún mecanismo u organismo encargado de las tareas de implementación o verificación a nivel internacional. De hecho, resulta llamativo que las armas biológicas sean la única clase de ADM sin una institución de esta clase, análoga al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el caso de las armas nucleares, o a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).
Así, los esfuerzos para implementar y reforzar la CABT se dan, principalmente, en tres niveles:
- A nivel regional. Por ejemplo, la Unión Europea adoptó en 2003 su Estrategia contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Este documento recoge, en su Capítulo III, las líneas generales a seguir por parte de la Unión en esta materia; y alude específicamente a la CABT y a las cuestiones derivadas de su implementación y verificación en el apartado A, punto 3.
- En foros no oficiales y regímenes de control de exportaciones, como es el caso del Grupo de Australia, al que España pertenece.
- A nivel nacional. En España cabe destacar el papel de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU).
Así, la formación de un organismo de control a nivel internacional podría contribuir muy positivamente a los esfuerzos multilaterales y unilaterales de no-proliferación y desarme en materia de armas biológicas, especialmente a través del establecimiento de estándares comunes de verificación.
Tras la crisis causada por el coronavirus, se ha abierto una magnífica ventana de oportunidad para que los países miembros de la CABT dediquen sus esfuerzos a la tarea de establecer un organismo de implementación y de verificación a nivel internacional, con el fin de ejercer un mayor control sobre las armas biológicas y sobre sus precursores.
Edgar Jiménez
Las opiniones de este análisis son de exclusiva responsabilidad del autor.
Foto: Ministerio de Defensa
