Análisis 297
29 Mayo 2025
La inmigración ilegal constituye uno de los desafíos más complejos y persistentes para España y, por extensión, para la Unión Europea. En un entorno como el actual, marcado por conflictos armados, como el que se vive en Ucrania, desigualdades económicas, efectos del cambio climático y fragilidad institucional en algunos países, los flujos migratorios irregulares se han intensificado de forma notable. En esta línea, España, por su localización geoestratégica como frontera sur de Europa y como punto de entrada desde el norte de África, se encuentra en una posición especialmente sensible y delicada dentro de esta dinámica.
Por ello, la Estrategia de Seguridad Nacional del 2021 (ESN 2021) reconoce expresamente la inmigración irregular como una amenaza híbrida, situándose al mismo nivel que otros riesgos para la estabilidad del país como pueden ser los ciberataques o el espionaje. El documento destaca la necesidad de reforzar la gestión de fronteras, potenciar la cooperación internacional y aumentar la resiliencia institucional frente a fenómenos que, como este, afectan directamente, no solo a la cohesión social, sino también a la seguridad ciudadana, y a la imagen de la autoridad del Estado español.
España, junto con Italia y Grecia, es uno de los países más afectados por la presión migratoria. En este sentido, la instrumentalización de los flujos migratorios por parte de terceros países, como Marruecos o Turquía, ha evidenciado que la inmigración puede utilizarse como herramienta de presión geopolítica para alcanzar según qué objetivos. Ejemplos como la crisis de Ceuta en mayo de 2021, en la que más de 10.000 personas cruzaron la frontera en menos de 48 horas, o los desembarcos masivos en las Islas Canarias, confirman este uso estratégico del fenómeno migratorio.
En cuanto a cifras se refiere, en 2024, España registró un total de 63.970 llegadas irregulares, lo que supone un incremento del 12,5 % respecto a las 56.852 entradas registradas en 2023. Asimismo, la ruta atlántica hacia Canarias ha concentrado buena parte de esta presión migratoria, con 46.843 migrantes llegando al archipiélago, superando incluso los niveles alcanzados durante la conocida crisis de los cayucos de 2006. Además, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, más del 25 % de las llegadas irregulares se atribuyeron a ciudadanos marroquíes, consolidando esta tendencia como uno de los principales desafíos fronterizos para la seguridad y la gestión migratoria en España.
Sin embargo, tal y como se viene anunciando, las consecuencias de estas llegadas masivas no se limitan solamente al ámbito humanitario, sino que su impacto es multidimensional.
En primer lugar, la infiltración de individuos sin documentación representa una amenaza real para la seguridad nacional. Aunque muchos migrantes buscan mejores condiciones de vida, no se puede descartar la presencia de elementos radicalizados, integrantes de redes criminales o incluso actores vinculados a servicios de inteligencia extranjeros, que podrían operar en suelo español con fines de vigilancia, desestabilización o penetración estratégica en comunidades locales.
En segundo lugar, la concentración de inmigrantes en determinadas zonas, especialmente en municipios pequeños con recursos limitados, está generando focos de tensión social. Se han registrado aumentos en delitos menores, agresiones y enfrentamientos entre residentes e inmigrantes, alimentando una percepción de inseguridad que erosiona la cohesión social. A su vez, los servicios sociales, sanitarios y educativos se ven desbordados, y los cuerpos policiales y de seguridad experimentan un alto desgaste operativo sobre todo en fronteras.
Con respecto al plano criminal, las fuerzas de seguridad han detectado una creciente implicación de redes internacionales en la explotación de la inmigración ilegal. En mayo de 2025, la Policía Nacional desmanteló una organización que operaba una red de banca clandestina internacional, moviendo cerca de 19 millones de euros vinculados al tráfico ilegal de personas y otras actividades ilícitas. Este caso ilustra cómo la inmigración irregular no es un fenómeno aislado, sino parte de un entramado más amplio de amenazas transnacionales que incluyen trata de seres humanos, narcotráfico y terrorismo.
Incluso diversos informes recientes señalan que Cataluña presenta los índices de criminalidad más elevados de España registrando 434.358 casos de criminalidad convencional en 2024 y liderando el ranking nacional. Asimismo, en cuanto a población penitenciaria, datos del Departamento de Justicia de la Generalitat indican que, en diciembre de 2024, más del 51% de los presos en Cataluña eran extranjeros, aunque en centros penitenciarios juveniles, este porcentaje alcanzaba el 80%.
Además, la infiltración potencial de agentes de inteligencia extranjeros —particularmente en contextos como el marroquí, donde la estrategia híbrida forma parte del repertorio habitual— plantea retos concretos para la inteligencia y contrainteligencia españolas. La cobertura que ofrece el caos migratorio puede ser utilizada por estos actores para desplegar operaciones de influencia, recopilación de información o neutralización de disidentes en territorio nacional. Por ello que este fenómeno exige un refuerzo de las capacidades HUMINT, la mejora de la interoperabilidad entre agencias y una evaluación rigurosa de los perfiles que acceden al país por vías irregulares.
Finalmente, la persistente debilidad en la gestión migratoria daña la credibilidad internacional de España como frontera segura de la UE, deteriora su posición diplomática y pone en duda su capacidad de respuesta ante amenazas híbridas. También obliga a una constante reasignación de recursos económicos, humanos y militares, lo que implica un alto coste estratégico y financiero.
En definitiva, la inmigración ilegal no puede analizarse únicamente desde la perspectiva humanitaria o de control fronterizo, sino que requiere una visión integral, que considere sus dimensiones geopolíticas, de seguridad nacional y de inteligencia. Fortalecer las capacidades del Estado en este ámbito es vital para preservar la soberanía, garantizar la estabilidad interna y proyectar una imagen sólida y confiable ante nuestros aliados europeos.
Rebeca Radío, Analista de Inteligencia
Las opiniones de este análisis son de exclusiva responsabilidad de su autor.
