El 14 de mayo se publicaba la decisión del Consejo de la Unión Europea por la que la misión militar EUTM Mali (Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Malí) se extiende hasta 2020 y se “regionaliza” para incluir entre sus funciones el apoyo a la fuerza militar conjunta de los países del Sahel; coincidiendo con el mando actual de la misión por el general del Ejército de Tierra español Enrique Millán Martínez.
El análisis actual del escenario de inseguridad maliense indica el desplazamiento de la violencia hacia el sur del país en un proceso de «des-regionalización» del conflicto y la concentración de la violencia en las regiones centrales (Mopti y Segou). Esta violencia responde a la intensificación de los conflictos comunitarios y tribales entre “peuls” (ganaderos), “bámbaras” y “dogón” (agricultores) y “bozo” y “somono” (pescadores) por el acceso y explotación de la tierra y el agua especialmente en el delta interior del río Niger, exacerbados por el incremento poblacional y los efectos del cambio climático que hacen disminuir las tierras disponibles. El Defensor del Pueblo maliense ponía de manifiesto que las disputas relacionadas con la tierra fueron las principales quejas, alcanzando hasta el 33% de las reclamaciones presentadas.
Esta conflictividad está suponiendo un caldo de cultivo para los grupos yihadistas ya que se muestran sensibles hacia las demandas sociales comunitarias y tribales, estableciendo alianzas con estos grupos sociales; desarrollando una estrategia basada en la defensa y la promoción de los intereses políticos y económicos de estos grupos. El acuerdo de paz de 2015 no tuvo en cuenta la dinámica en centro del país y las acciones seguidas no se basaron en una clara comprensión de la dinámica local. Para la lucha contra el extremismo violento es fundamental una adecuada compresión de las causas que la motivan.
El Informe de 8 de mayo de 2018 al Consejo de Seguridad del Secretario General de la ONU ponía de manifiesto: “la falta de progresos en el proceso de paz, combinada con el deterioro de la situación de la seguridad, fomenta necesariamente la radicalización, especialmente entre los grupos vulnerables”. Parece que no existe una suficiente lectura de la dimensión local del conflicto que conlleva: 1) la malinterpretación por los grupos sociales y tribales de las acciones estatales e internacionales desarrolladas y 2) los esfuerzos no abordan las causas subyacentes de la escalada de la violencia.
En este contexto el año 2018 es crucial para Mali ya que se han de celebrar varios procesos electorales. Así en abril estaban programadas elecciones regionales y locales que fueron pospuestas (por segunda vez) por razones de seguridad y ausencia de infraestructuras que las desarrollaran en varias zonas del país. En julio están programadas las elecciones presidenciales y en noviembre las elecciones parlamentarias. Las elecciones presidenciales del 29 de julio se configuran como un factor crítico para el desbloqueo de la situación actual del país. Aunque el ejercicio del voto parece poco creíble cualquier intento de posponer esta votación probablemente desencadenaría significativas protestas callejeras.
La creciente insatisfacción social y la crisis comunitaria y tribal sitúan al gobierno en una situación delicada que debe atajar con una adecuada reforma de la gobernanza y desarrollo económico en el nivel local y regional, para frenar el avance del apoyo social a los grupos extremistas. Y también aconseja que las iniciativas internacionales de cooperación que se desarrollan en Mali aumenten los esfuerzos para impulsar acciones en el nivel en base a un adecuado diagnóstico de las necesidades sociales comunitarias que dinamizan la violencia e inseguridad del país.
Miguel Ángel Cumplido Tercero, International Security Operations. Analista de inteligencia y seguridad internacional
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