Tras los atentados ocurridos recientemente en Cataluña el nivel de alerta antiterrorista permanece en el Nivel 4, que es el mismo que antes de producirse los ataques terroristas. El saldo es de 15 víctimas mortales y 46 personas heridas, siete de ellas en estado crítico. La decisión de no pasar al Nivel 5 ha sido cuestionada en numerosos ámbitos de opinión y análisis.
El Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA) viene definido por el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista. Estas directrices permiten –como señala la documentación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN)-, asegurar la detección, seguimiento, análisis y evaluación continuada del riesgo de atentado terrorista. Asimismo, planeta la puesta en marcha y la coordinación del conjunto de acciones preventivas para que se materialice un atentado terrorista, con el objetivo de evitar que se produzca. Consiste en una escala compuesta por 5 niveles, cada uno de los cuales se encuentra asociado a un grado de riesgo, en función de la valoración de la amenaza: Nivel 4 a riesgo “alto” y Nivel 5 a riesgo “muy alto”. Su activación es competencia del ministro del Interior pero el máximo responsable de la seguridad es el presidente del Gobierno. ¿Qué factores podrían haber decidido seguir en NAA-4? Valoramos dos argumentos:
Argumento 1.- El Nivel 5 implica la presencia pública de las fuerzas armadas en las calles. Y eso, en este país, se entiende que tiene un coste político. La presencia militar sirve para que el conjunto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas…) se puedan concentrar en lo importante, y su tarea se centra en custodiar infraestructuras críticas, como son centros de comunicaciones, abastecimientos de agua y energía, estaciones y aeropuertos, o emplazamientos turísticos o espacios de gran concurrencia. Es un hecho demostrado que su sola presencia logra una disuasión efectiva (Bruselas, Paris, Berlín, Londres, Moscú…), y lo que es más importante, que la población se siente mucho más segura, lo que refuerza y da sentido a la cultura de seguridad. En el caso de España parece ser que no.
Argumento 2.- La presencia de las fuerzas armadas podría afectar negativamente al turismo. Esta industria supone el 11% del PIB y el 13% del empleo. Tras un atentado, es de sentido común que afecte a la localidad o la región donde se haya producido, pues ese es uno de los objetivos de los grupos terroristas. Sin embargo, París sigue siendo la ciudad europea con más turistas y las fotos con los militares forma parte de los recuerdos de la visita. La respuesta a este argumento es justo la contraria: el potencial de nuestro turismo es enorme, así como las capacidades que lo sostienen (transportes, infraestructuras, comunicaciones, sanidad, servicios, emergencias, seguridad…). Se trata de garantizar la seguridad a la población, no de engañarla. El turista sabe que cuenta con amenazas y que, ahí fuera, hay gente y grupos malos que desean hacer daño. Pero lo que busca es, precisamente, credibilidad. La frontera sur de Europa es muy sensible y el ciudadano, el que vota y paga impuestos, debe saberlo. La presencia de nuestras fuerzas armadas es garantía de fortaleza y credibilidad, salvo para ciertos políticos.
Conclusión.- El mensaje institucional de respuesta a los atentados es “No tenemos miedo”. Habría que preguntarse “a qué”. Las crisis manifiestan lo que hay. El debate del Nivel 5 de alerta pone al descubierto la realidad de la cultura de seguridad, sus problemas y sus mitos. Quizás sea una buena oportunidad responder a ese “qué”, para poder afrontar las amenazas logrando el necesario consenso, especialmente en sede parlamentaria.
Gabriel Cortina, Director de “Artículo 30”
