En alguna ocasión, tras dejar sus cargos, los presidentes Suárez y Calvo Sotelo comentaron, entre broma y veras, que cuando llegaron por primera vez a su despacho, en el Palacio de La Moncloa, se encontraron la caja fuerte vacía de secretos de Estado. Seguramente algo muy parecido debió sucederle a quienes, después que ellos, ocuparon la presidencia del Gobierno.
Si los presidentes Suárez y Calvo Sotelo hubieran tenido, al llegar a la cúpula del Ejecutivo, alguna idea de cómo funcionaban los servicios de inteligencia de verdad, no habría sido en la caja fuerte de su despacho donde hubieran buscado esos supuestos secretos de Estado. Cierto que en esos años nuestros servicios de inteligencia tampoco estaban aún en una situación que permitiera describirlos con esa denominación.
No es de extrañar, pues, que si ni siquiera los presidentes del Gobierno, al iniciar su andadura, tuvieran claro quiénes eran los encargados de manejar la información realmente trascendente y estratégica, con mayor razón los políticos de menor nivel que no hayan tenido la oportunidad de relacionarse con esa parte de la Administración, que no otra cosa son los servicios de inteligencia.
Cierto que hoy en día no sólo el presidente el Gobierno es el destinatario que aparece referenciado al pie de los informes o análisis de nuestros servicios de inteligencia y, por lo tanto, receptor de los análisis estratégicos. Eso le otorga a algunos miembros del Gobierno un conocimiento, al menos relativo, de quienes y como trabajan para intentar adelantarse a los acontecimientos. También algunos parlamentarios, pocos, pueden tener acceso a papeles de esa índole.
Pero, por lo general, nuestros políticos son bastante ajenos al funcionamiento e incluso a las bases sobre la que se edifican esos organismos que tienen como función que nada de lo que vaya a suceder, máxime si afecta a nuestra Seguridad Nacional, le suene de nuevas a quien tiene la máxima responsabilidad de salvaguardar nuestros derechos y libertades.
Y como no abundan las obras de referencia que permitan, en muy poco tiempo, dado que por lo general se trata de personas muy ocupadas, aprender de qué diantres estamos hablando cuando nos referimos a los servicios de inteligencia, Espionaje para políticos, del profesor Antonio M. Díaz Fernández, cubre un hueco hasta el momento no cubierto. Y, como además se trata de hacer ameno algo realmente poco atractivo y hasta arduo, este trabajo se ha basado en una ficción que hace mucho más llevadera su lectura y hasta su asimilación. Un supuesto profesor universitario, de un país ficticio, es nombrado director de los servicios de inteligencia por el presidente del Gobierno, sin que tenga la menor idea de quienes son, qué hace, cómo lo hacen ni tampoco a quién sirven esos supuestos “espías”.
Su travesía del desierto, su inmersión en la tarea que le había caído encima sin ni siquiera sospecharlo, es el argumento y la excusa que el autor utiliza para explicarnos, mediante los descubrimientos que va realizando el propio director novato, cómo funciona un servicio de inteligencia de un país democrático. Algo parecido, suponemos, le tuvo que suceder a la vicepresidenta del Gobierno español el día que el presidente le encomendó el control político del CNI.
Luis Romero Bartumeus, periodista y profesor honorario de la Universidad de Cádiz
