La conducción democrática de la defensa es un elemento central y definitorio de la consolidación de la democracia. Sin embargo, es un aspecto poco estudiado de las transiciones a la democracia. En Argentina, una vez superada la recurrencia de golpes de Estado -algo que se puede conjeturar después de la crisis de 2001- la política de Defensa no fue considerada una urgencia ni se constituyó como un elemento central del diseño de la estrategia nacional. Hubo una renuncia del poder Ejecutivo a comandar y administrar el sistema de Defensa. La pregunta que surge de esta evidencia es por qué no se estableció esa institucionalidad de la defensa. La respuesta inicial es porque no pudieron. Tanto la tradición de autonomía militar, por el lado de las fuerzas armadas, como las reiteradas crisis en la construcción democrática, por el lado de las autoridades civiles, fueron barreras para el desarrollo de esa institucionalidad.
Pero, incluso cuando se presentaron circunstancias favorables para la implementación de una política pública de defensa, las autoridades electas eludieron formular un plan racional y consensuado sobre el sistema de defensa nacional. ¿Qué fue lo que falló entonces? La respuesta más probable es que la defensa atraviesa las mismas dificultades que el resto de las políticas públicas en el país. La fatiga institucional en Argentina, y en la mayoría de los países latinoamericanos, la improvisación en la gestión y el uso populista de los recursos atentan contra la institucionalidad y la modernización del Estado.
Los gobiernos concentran más poder en desmedro de la división de poderes republicana. No se trata de temor o reverencia hacia las fuerzas armadas, sino de la postergación del necesario reforzamiento de las reglas de juego. La ausencia de directiva en la Defensa hizo que su democratización no se llevara a cabo. En última instancia, es además, funcional para las Presidencias que vislumbran que ante una crisis, los militares pueden cumplir con eficacia una puesta en orden.
El sistema internacional avala que los Estados cuenten con fuerzas armadas para la legítima defensa. En los países más modernos se han readaptado las fuerzas militares. En la mayoría de los casos se optó por fuerzas más pequeñas equipadas con instrumental moderno, modificaciones que no sucedieron en nuestra región. La lógica detrás de la renovación de equipos es flexibilizar el accionar de las fuerzas, pasando asimismo, de divisiones a brigadas más pequeñas y móviles. Así, las fuerzas adquieren mayor capacidad de desplazamiento y la aptitud de responder a amenazas diversas. Un aspecto medular de las reformas emprendidas en las naciones desarrolladas es el mejoramiento de la educación y entrenamiento del personal. Claro, este modelo implica una inversión mayor.
En Argentina no hay voluntad política ni recursos económicos para afrontar un dispendio de tal magnitud. Centralmente, porque para los gobiernos no es una urgencia y no es una demanda de la ciudadanía. La sociedad no comprende la necesidad de gastar en Defensa, pero sí lo demanda para la seguridad pública. Y las autoridades no se han encargado de difundir mensajes que justifiquen esa inversión. La política de Defensa, como toda política de Estado, es “polis”, es pública y requiere de una visión estructural que se establece por medio de los programas de gobierno.
Por el pasado autoritario y la realidad de fuerzas armadas derrotadas, en Argentina se relegó definir un modelo democrático de defensa. Actualmente hay sectores que propician el uso de las fuerzas armadas para tareas de carácter policial. Sería un nuevo error que volvería a dejar en un vacío la necesaria definición de ese vital recurso del Estado.
Rut Diamint, ex-asesora del Ministerio de Defensa de la República Argentina y profesora de Seguridad Internacional en la Universidad Torcuato Di Tella
Fotos: Creative Commons / Infobae / FFAA Argentina
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