Análisis 234
La conexión 5G es el nombre que sirve para denominar a la quinta generación estándares de comunicación inalámbrica. Por sus características y las capacidades que ofrece, ha generado un debate en el ámbito de la seguridad nacional, especialmente en el área de la ciberseguridad. Ofrecemos unos puntos de vista que pueden ayudar a comprender su alcance.
La nueva tecnología proporciona una conexión a Internet mucho más veloz. Se estima que logrará una conexión casi 20 veces más rápido que el actual 4G, en cualquier lugar, y con multitud de dispositivos simultáneamente. Esta innovación está pensada, concretamente, para cuando se establezca y extienda el uso del Internet de las cosas (IoT). Se estima que, en los próximos años, los electrodomésticos y dispositivos electrónicos de los hogares, y también de las oficinas, se diseñarán teniendo en cuenta la conexión a Internet. Esto multiplicará sus capacidades y posibilidades pero también implica más (y peores) brechas de seguridad.
El incremento de la demanda del 5G, las enormes inversiones que llevarán consigo y las capacidades del «IoT» en enormes entornos urbanos, que es el escenario de crecimiento poblacional del siglo XXI, afectará a las instalaciones críticas. Como parte de la cooperación público-privada, el I+D+i implicará a sistemas e instalaciones directamente relacionados con ámbitos de Gobierno, de infraestructuras críticas y, por extensión, el C4ISR militar.
Las dos principales potencias globales, Estados Unidos y China, se encuentran actualmente en una lucha por el control de la arquitectura de red de quinta generación, que es ya el Internet del futuro. Se trata de una competición estratégica por liderar la innovación tecnológica. La administración Trump cree que, si las empresas tecnológicas chinas, gracias al impulso político de Pekín, controlan su desarrollo, tendrán consecuencias definitivas en el ámbito de la seguridad. De ahí las discusiones del caso Huawei. Quien lidere la carrera de la denominada Cuarta revolución industrial, logrará hacerse con la hegemonía global. Ni Rusia ni la Unión Europea están en esa competición porque, sencillamente, no pueden: ni disponen de tecnología ni de los recursos necesarios, es decir, financiación.
Washington teme que si el Gobierno del presidente Xi Jimping consigue controlar (o monopolizar) esta nueva conexión, podrá establecer criterios sobre su propiedad intelectual y las normas de uso conforme a sus propios intereses. Ha sido el Secretario de Estado Mike Pompeo quien afirmó que una seguridad insuficiente impedirá a EEUU compartir determinada información en redes de confianza: «Esto es lo que quiere China: dividir las alianzas occidentales por medio de bits y bytes, no balas y bombas”.
La amenaza político-tecnológica del gigante chino es evidente. Conviene recordar que su legislación obliga a todas las empresas (caso de Huawei) a cooperar con el Gobierno, lo que implica compartir capacidades e información. Esto significa, además, actuar al margen de las reglas de juego compartidas por los mercados internacionales: legislación, transparencia, derechos de usuarios, competencia, etc. En busca de apoyos diplomáticos, se comprende por qué el General James L. Jones, que fue asesor del presidente Obama y Comandante Supremo de la OTAN, afirmaba que dejar esta tecnología en manos de empresas chinas, implicaba poner en serios apuros la ciberseguridad de Occidente, especialmente de aquellos países que forman la Alianza Atlántica.
La realidad del 5G afecta a nuestra seguridad nacional. En repetidas ocasiones, la máxima autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha afirmado que nuestra seguridad va a sufrir aún más, por lo que es preciso estar preparados y alerta para ser capaces de aprovechar la revolución tecnológica y generar confianza: «Estamos bien situados, tenemos la infraestructura adecuada y un sistema de gobernanza (de la ciberseguridad) humilde, pero que está funcionando”.
En España, no será hasta finales de 2020 cuándo el 5G esté realmente disponible y con un funcionamiento óptimo en quince ciudades. Las administraciones públicas, por iniciativa del Gobierno, han elaborado diversas estrategias para maximizar los beneficios de la aplicación de este nuevo diseño de red. Sin embargo, el aspecto de seguridad ha quedado en un segundo plano, como se demuestra en la reciente Estrategia Nacional de Ciberseguridad (2019), en la que apenas aparece nombrada una única vez. Por sus consecuencias, solo cabe esperar ver el desarrollo final de la pugna EEUU-China, y abordar en lo posible los retos en materia de seguridad, pues más que actores, en este tema somos espectadores y consumidores.
José Ramón Corrochano
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