Análisis 255
Siempre se habla del uso de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra, pero no sobre las secuelas que deja a largo plazo en las comunidades afectadas. Según la UNDOC, África Occidental es la zona del continente más afectada por la trata con fines de explotación sexual y la mayoría de las víctimas se producen en el interior de los países.
En el caso de Sierra Leona, se pueden ver niñas desde los 12 años ejerciendo la prostitución en las calles, bares, pubs y discotecas de Freetown, donde forman parte del paisaje urbano sin que la mayoría de la sociedad se sorprenda. Una de las peores consecuencias que dejó la guerra civil (1991-2002), fue normalización de la violencia sexual, pues no se llevaron a cabo intervenciones eficaces de reconstrucción social, familiar y personal tras la finalización del conflicto armado.
No hay ningún estudio realizado al respecto, tan sólo los datos obtenidos por la Fundación Child Heroes gracias a su estrecha colaboración Don Bosco Fambul, la única ONG que trabaja con niñas víctimas de explotación sexual en el país. Desde que comenzaron este trabajo en el 2017, han registrado a más de 470 menores en su centro de acogida.
En el ámbito normativo, Sierra Leona ha suscrito la mayoría de instrumentos internacionales que protegen a las niñas frente a esta práctica. Igualmente, existe una legislación interna que castiga cualquier forma de explotación sexual de menores y las actividades de proxenetas, clientes e intermediarios; principalmente, la Ley de delitos sexuales del 2012 y la Ley contra la trata de seres humanos del 2005.
A pesar de ello, la sociedad y los organismos del estado encargados de protegerlas –sobre todo, Policía, Asuntos Sociales, Fiscalía o Jueces– miran a otro lado. Muchos consideran que ejercen la prostitución de manera voluntaria y, a veces, son ellos mismos quienes las utilizan. Según testimonios de las propias niñas, en ocasiones, la propia Policía las detiene, les quita el dinero de los clientes y les obliga a mantener relaciones sexuales a cambio de dejarlas en libertad.
De hecho, el mayor impedimento para frenar este problema es la corrupción. A tenor del informe del 2019 sobre tráfico de seres humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, el soborno de los funcionarios del Estado a cambio de su silencio, o de hacer desaparecer pruebas, es una práctica cotidiana. Desde el año 2011 hasta el 2020 no se ha habido ninguna condena por delitos relacionados con la trata o el tráfico de personas en Sierra Leona, y ninguno relacionado con menores.
La mayoría de las niñas que acaban ejerciendo la prostitución, en el algún momento, fueron al colegio. Muchas acabaron en la calle para poder pagar sus estudios; otras fueron entregadas a conocidos de la familia que, supuestamente, les ofrecerían unos estudios; pero, una vez en la ciudad, lo que se encontraron fue la inclusión en las redes de trata. El maltrato o la servidumbre doméstica también son algunas de las razones por las que muchas niñas acaban en la calle. Una vez ahí, otras les hablan de la o el proxeneta que cuidará de ellas y les hará ganar dinero. Así, otras niñas se convierten en las principales captadoras para la explotación sexual infantil.
En cuanto a los beneficios, el proxeneta se queda una parte importante del dinero que ganan, al igual que los intermediarios. Muchas niñas son llevadas por barqueros a las embarcaciones de pesca chinas, coreanas, rusas o libanesas, que atracan por las noches en la bahía de Freetown.
Por todo ello, son muchas y urgentes las medidas necesarias para acabar con un fenómeno que además de ser un drama humano, constituye un problema de salud pública. Estas medidas deben estar encaminadas, por un lado, a acabar con la impunidad con la que proxenetas y clientes abusan de estas niñas menoscabando su futuro; y, por otro lado, a la prevención en el seno familiar para que no lleguen nunca a la calle.
Patricia Rodríguez, directora de Child Heroes
Las opiniones de este análisis son de exclusiva responsabilidad de su autor.
