Paper 22 / 2020
El sector emplea en estos momentos en nuestro país, entre empleos directos e indirectos, a casi 60.000 personas. Un empleo de alta calidad, no en vano, la mayoría de los trabajadores son ingenieros salidos de las universidades que están repartidos por todo el territorio nacional. Un empleo que es altamente eficiente, como demuestra que su productividad sea 3,4 veces superior a la media nacional.
También es muy rentable para la economía nacional. Según datos facilitados por el Ministerio de Defensa, cada euro que se invierte en la industria de Defensa tiene un retorno para la sociedad de casi tres euros. A esto hay que añadir que entre el 70 y el 80 por ciento de la producción está dedicado a la exportación y que, además, es de los que más invierte en I+D+I: un 11 por ciento de su facturación anual.
Pero todos estos datos se encuentran ahora en el aire. Al igual que el resto de empresas del país, las que se dedican al negocio de la Defensa están absolutamente paralizadas desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decretase el pasado mes de marzo el estado de alarma a causa de la pandemia del coronavirus. No hay movimiento en sus plantas y sus áreas de diseño apenas avanzan en esta situación de incertidumbre.
Los directivos de estas empresas no saben todavía cuándo podrán reactivar sus cadenas de producción, cuándo volverán a ensamblar sus productos, ni cuándo volverán a hacer entregas de material. No tienen claro cuándo van a poder volver a funcionar con normalidad, ni cuántos pedidos van a recibir cuando las diferentes restricciones provocadas por el virus de Wuhan lleguen a su punto final.
Solo algunas continúan trabajando en su interior. La gran mayoría de ellas, con una importante capacidad de adaptación a las circunstancias, para ayudar ante la ausencia de material sanitario. Empresas grandes y pequeñas de la industria de Defensa dedican estos días a fabricar mascarillas, pantallas 3D contra las salpicaduras, hospitales de campaña, capacidades logísticas y de procesos, batas e, incluso, respiradores, que van a ser utilizados en los hospitales españoles.
Precisamente esta capacidad de adaptación fue lo que hizo que muchas de ellas pudieran salir adelante tras la crisis económica que lastró a España durante más de una década en este siglo. Miraron hacia el exterior y comprobaron que sus productos tenían la calidad suficiente para competir en el mercado internacional. Así es como nuestro país ha conseguido consolidarse en la lista de los mayores exportadores del mundo de material de Defensa y Seguridad.
El último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), un think tank sueco que realiza investigaciones sobre procesos de paz y conflictos bélicos, sitúa a España como el séptimo exportador mundial de armamento, con una cuota de mercado de 3,2 por ciento. Un puesto que está consolidado desde el año 2014. Sólo Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, China y Reino Unido exportan más.
A pesar de esto, la industria de Defensa necesita para seguir creciendo a las Fuerzas Armadas españolas. En primer lugar, porque es un mercado exigente y obligatorio para su propia subsistencia. En segundo lugar, porque el uso de sus productos por los militares españoles supone un excepcional escaparate internacional. Y, en tercer lugar, porque supone estar en contacto directo con las necesidades que en un futuro necesitará el mercado.
Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el sector de la Defensa español es la falta de una ley de financiación que con independencia de qué partido político esté instalado en el Palacio de La Moncloa pueda dotar de un presupuesto predecible a las Fuerzas Armadas, de modo que éstas puedan trabajan sin problemas a años vista para realizar las inversiones en modernización que consideren necesarias.
La actual ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado públicamente partidaria de alcanzar un pacto de Estado en esta materia. También lo hizo durante los años que estuvo al frente de ese mismo departamento la popular María Dolores de Cospedal, al igual que con anterioridad lo había planteado su antecesor, Pedro Morenés. Pero la realidad es que en la última década no ha habido ninguna negociación sobre esta posible ley.
Los dos principales partidos que han dirigido los últimos gobiernos están de acuerdo en que los presupuestos de Defensa y la inversión en esta materia deberían estar fuera de toda discusión partidista, pero el debate sobre el aumento o la reducción del gasto militar sigue suponiendo réditos electorales a ambos lados del espectro político y eso dificulta enormemente que se pueda alcanzar un acuerdo de este tipo.
Un buen ejemplo de ello han sido los Programas Especiales de Armamento (PEAs). Iniciados en los años noventa para modernizar las FAS a los estándares de los aliados de la OTAN, han sido fuente de discusión parlamentaria durante décadas por las fuertes inversiones que suponía. Ni los gobiernos del PSOE ni los del PP quisieron incluir estos pagos en las cuentas ordinarias de Defensa para que no pareciese que aumentaban el presupuesto militar. Tuvo que ser una sentencia del Tribunal Constitucional la que obligase a ello en 2016. Estuvieron años y años pagándose con créditos extraordinarios.
Los últimos datos hechos públicos por la OTAN el pasado mes de marzo sitúan a España en el furgón de cola de la inversión en Defensa. Es el segundo país que menos porcentaje de su PIB dedica a esta materia. Exactamente, en 2019, destinó el 0,92 por ciento. Solo Luxemburgo invierte menos. Esta posición no ha sido novedosa. España lleva años peleando con Bélgica por estar en el segundo o tercer puesto por la cola.
Cada año que pasa crece más la distancia con el resto de socios. La gran mayoría de ellos lleva años aumentando su inversión desde que, en la Cumbre de Cardiff de 2014, tras años de presiones de Barack Obama, se alcanzó el compromiso de situar la inversión en Defensa en el 2 por ciento del PIB para el año 2024. Nueve de los 28 socios están ya cumpliendo con la cifra objetivo y otros tres están a las puertas. En España parece una quimera.
Las restricciones presupuestarias están poniendo a las Fuerzas Armadas en la peligrosa línea roja de la inoperatividad. Una realidad que se escucha con nitidez en los despachos de los altos mandos militares y que el anterior Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general de Ejército Fernando Alejandre, dijo claramente durante sendas comparecencias en 2018 y 2019 en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
Una muestra de ello es el programa del blindado 8×8, el mayor contrato de armamento de la historia del Ejército de Tierra, y que se está convirtiendo en una auténtica pesadilla. Se empezó a proyectar en 2007. De hecho, ese año, el Consejo de Ministros aprobó la primera partida presupuestaria para este programa. A día de hoy, ya en 2020, todavía está pendiente el contrato de los primeros 350 vehículos, después de que Defensa lo dejara desierto el pasado mes de diciembre y no aceptase la oferta de General Dynamics, Indra y SAPA.
El Ministerio de Defensa ha dicho que sacar adelante este contrato en el principal objetivo del departamento para este 2020. Margarita Robles dijo que iba a salir “sí o sí”. Pero la pandemia del coronavirus y la posible crisis económica que pueda traer consigo vuelven a dejar la situación en el aire. Y esto mismo pasa con muchos otros programas de modernización, para los que se ha aprobado en los últimos meses el techo de gasto, pero su concreción sigue estando en el aire.
Las empresas del sector de la Defensa suelen recordar ante esta situación que son un sector estratégico y que sus investigaciones no solo repercuten en cuestiones de seguridad, sino también en el sector civil, como se ha podido comprobar en esta reciente crisis de COVID-19. Puede parecer algo lejano o, incluso, extraño para el ciudadano medio, pero muchos de los avances conseguidos por este sector a nivel mundial han hecho la vida de la población mucho más fácil, hasta el punto de que muchos de ellos son ya prácticamente imprescindibles.
Hablamos de inventos o avances tecnológicos como el velcro, el pegamento extrafuerte, la comida enlatada, el vidrio laminado, el vehículo todoterreno, el bolígrafo, el microondas, las maquinillas de afeitar, las gafas de sol, la gabardina, el desarrollo del ultrasonido que dio origen a las ecografías, los sistemas de posicionamiento GPS que a día de hoy llevamos en nuestros coches y teléfonos móviles o de algo sin lo que muchos no podrían vivir: Internet.
Es por ello que la industria de Defensa trabaja para concienciar a la clase política de la urgente necesidad de abandonar sus disputas partidistas y elaborar una planificación económica a largo plazo, similar a la que existe en otros países europeos. Esto permitiría no solo dar estabilidad a este sector estratégico, sino que facilitaría que los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad que se están jugando ahora su integridad en la lucha contra el coronavirus pudieran estar siempre dotados con la última tecnología en medios materiales, con la que no siempre cuentan en la actualidad.
Ignacio Dancausa
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