Paper 63
3 Enero 2026
Desde mediados de 2025, la administración de Donald Trump ha reforzado su presencia militar en el Caribe y ha incrementado la presión sobre Caracas, lo que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro apenas tres días después del inicio del 2026. En este sentido, aunque la operación fue presentada por el propio presidente estadounidense como parte de una campaña contra el narcotráfico, más allá de este argumento oficial, resulta necesario analizar dicha operación desde puntos estratégicos más amplios, considerando el contexto geopolítico, regional y militar, así como las propias palabras de Donald Trump en la rueda de prensa posterior a la captura.
Cuando Washington percibe que su hegemonía global se ve sometida a presión, tiende a priorizar el control de su entorno estratégico inmediato. Esta es una pauta que se ha repetido en distintos momentos de su política exterior. En varias de las intervenciones estadounidenses en América Latina a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la defensa del orden y la estabilidad regional se articuló en torno a la necesidad de contener formas de violencia, criminalidad e ingobernabilidad que los Estados locales no lograban controlar. Si bien el concepto contemporáneo de crimen organizado transnacional no estaba aún formulado, nociones como la insurrección armada o la anarquía interna cumplieron una función discursiva similar, legitimando la intervención como una medida de seguridad preventiva. Un ejemplo ilustrativo es la ocupación de Nicaragua entre 1912 y 1933, donde Estados Unidos justificó su intervención en términos de proteger sus intereses comerciales, garantizar el pago de deudas extranjeras y mantener la estabilidad frente a insurgencias internas que amenazaban tanto el orden regional como la seguridad estadounidense.
En este marco, esta lógica histórica presenta claros paralelismos con la narrativa actual empleada por la administración Trump, que vinculó la situación venezolana con el narcotráfico y otras amenazas transnacionales, situando nuevamente el mantenimiento del orden regional como eje central de la acción estadounidense. En esta línea, Trump recurrió en su discurso a la Doctrina Monroe, basada en el lema “América para los americanos”, cuya formulación original tenía como objetivo proteger a las recién independizadas repúblicas latinoamericanas frente a la intervención de las potencias europeas y que el presidente Trump ha adaptado a sus intereses. No obstante, dicha doctrina fue posteriormente ampliada mediante el Corolario Roosevelt, que sirvió para legitimar la intervención preventiva de Estados Unidos en América Latina bajo el argumento de preservar el orden, garantizar la estabilidad regional y salvaguardar sus intereses estratégicos, especialmente ante gobiernos considerados inestables o económicamente vulnerables. Exactamente lo que ha ocurrido.
Estados Unidos se enfrenta actualmente a una serie de dinámicas que pueden interpretarse como presiones crecientes sobre su hegemonía estratégica, especialmente en el espacio latinoamericano, una región históricamente considerada de interés vital para Washington. En este contexto, Venezuela ocupa una posición central debido al progresivo fortalecimiento de sus vínculos con potencias calificadas como rivales estratégicos por Estados Unidos. A través de acuerdos comerciales, cooperación militar y asistencia tecnológica, actores como Rusia y China han incrementado de manera sostenida su presencia e influencia en el país. Paralelamente, el gobierno de Nicolás Maduro mantiene relaciones estrechas con Irán, un actor enfrentado directamente con Israel, uno de los principales aliados de Estados Unidos en Oriente Próximo. Por un lado, las relaciones entre Moscú y Caracas combinan cooperación económica con apoyo militar y político ya que han firmado acuerdos de cooperación en energía y exploración petrolera, además de expandir intercambios en sectores como maquinaria, productos agrícolas, tecnología e infraestructura militar. Por su parte, China ha sido durante años el socio financiero más importante de Venezuela, con una relación basada en el esquema clásico de “petróleo por préstamos”, considerando que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo comprobadas del mundo, con un volumen que supera los 300.000 millones de barriles según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Asimismo, Pekín ha defendido públicamente su relación con Caracas como una asociación “soberana” y se ha opuesto a las acciones estadounidenses en la región. Por último, si bien Irán no ocupa la misma posición de influencia económica que China o de apoyo militar estratégico que Rusia, su relación con Venezuela contribuye a un marco más amplio desde la alianza político-ideológica entre Caracas y Teherán, surgida en los años 2000 bajo Chávez y el concepto de “Axis of Unity”.
En base a todo lo anterior, las relaciones y alianzas entre Venezuela y otras potencias implica la posibilidad de que actores rivales a EEUU ganen influencia cerca de sus fronteras, siendo este un hecho históricamente percibido como un riesgo directo al control regional por parte de Estados Unidos. Además, en relación al mencionado petróleo, desde la perspectiva de EE.?UU., un gobierno rival que tenga poder en el país, y por tanto, influencia sobre la producción de petróleo, aunque sea de forma indirecta podría, no solo influir en precios internacionales y afectar a la economía estadounidense y de sus aliados, sino también vender petróleo a actores estratégicos rivales, fortaleciendo a China, Rusia o Irán. Además, podría generar dependencia energética indirecta que debilite la capacidad de negociación de EE.?UU. en la región. De esta forma, la influencia sobre el petróleo por parte de Estados Unidos en Venezuela debilita, no solo a China con respecto al precio del petróleo, sino también a la OPEP a la que pertenecen Arabia Sudí o Irak, ya que si EE.?UU. interviene indirectamente limitando la producción venezolana, la cohesión y el poder de negociación de la OPEP se ven debilitados.
Asimismo, más allá de la seguridad física y fronteriza, cabe destacar que el elemento central no se trata únicamente del objetivo inmediato, sino del mensaje estratégico que se transmite a múltiples audiencias por parte de EEUU. En este sentido, a través de la operación de captura del presidente venezolano, EEUU envía un mensaje claro de disuasión internacional similar al que envió con los ataques contra instalaciones nucleares iraníes: Estados Unidos está dispuesto a actuar rápida y decisivamente para preservar su dominio estratégico y el de sus aliados. Así, al intervenir —o incluso al exhibir su capacidad de intervención— Estados Unidos refuerza su liderazgo regional y establece de facto qué gobiernos son considerados aceptables o problemáticos para sus intereses estratégicos. En este marco, la narrativa oficial ha llegado a exaltar de forma explícita el denominado “poderío militar estadounidense”, recurriendo a la mención de operaciones previas como el ataque contra Qasem Soleimani, general de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, o la operación que culminó con la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico (ISIS). Ambas acciones fueron justificadas bajo el argumento de garantizar la seguridad nacional y defendidas por Trump en su discurso como operaciones “perfectamente ejecutadas”, acompañadas de la afirmación de que “ninguna otra nación habría podido hacerlo como Estados Unidos”. A su vez, estos ejemplos permiten a Trump ilustrar y advertir que Estados Unidos está dispuesto a actuar de manera unilateral y extraterritorial contra amenazas percibidas, proyectando una imagen de capacidad de intervención quirúrgica y de superioridad militar.
Asimismo, la narrativa de Trump ha llegado a sugerir que aquellos Estados percibidos como una amenaza podrían convertirse en potenciales objetivos de acción, incluyendo, por ejemplo, a Cuba, a la que aludió de forma explícita al afirmar que “Cuba será algo de lo que hablemos” durante la ronda de preguntas. De este modo, si bien Trump no anuncia una medida concreta, amplía el alcance del mensaje previamente emitido en relación con Venezuela y deja entrever que este enfoque no se circunscribe a un único país, sino que forma parte de una lógica más amplia.
Incluso, el presidente Trump formula en su discurso, “no sé por qué otros Estados no quieren que les ayudemos”. Estas palabras no se tratan de una afirmación literal, sino que se trata de una estrategia retórica muy concreta, con varias capas de significado político y estratégico. Trump presenta a Estados Unidos como un actor benevolente y necesario, cuya intervención no responde a intereses propios, sino a una supuesta voluntad de “ayuda”. De este modo, invierte la lógica clásica de la intervención: no sería EE. UU. quien se inmiscuye en los asuntos de otros Estados, sino esos Estados los que, de forma irracional o injustificada, rechazan una ayuda que sería beneficiosa. Esto contribuye a legitimar cualquier acción futura al encuadrarla como asistencia y no como injerencia.
Además, resulta pertinente subrayar que el Caribe constituye un nudo geoestratégico fundamental entre América del Sur, Norteamérica y el Atlántico, al concentrar rutas marítimas de alto valor estratégico por las que transitan flujos comerciales críticos. A través de este espacio circulan tanto mercancías esenciales —incluido el transporte de recursos energéticos como el petróleo y el gas procedentes de Venezuela y Brasil con destino a Estados Unidos y Europa— como una parte significativa del comercio internacional que conecta ambos hemisferios. Infraestructuras portuarias clave, como el Puerto de Colón, el Puerto de Cartagena o el Puerto de las Américas, en Panamá, Colombia y Puerto Rico respectivamente, refuerzan la centralidad del Caribe en la arquitectura logística y económica global. En este contexto, el control y la supervisión de estas rutas no solo permiten garantizar la protección de los flujos comerciales y de los recursos estratégicos, sino que resultan esenciales para que Estados Unidos limite o impida la proyección militar, tecnológica o comercial de actores rivales en un espacio geográfico próximo a su territorio. Así, Trump ha llegado a afirmar que, hasta que se inicie un proceso de transición política en Venezuela tras la captura de Maduro, será Estados Unidos quien asuma el liderazgo y la dirección del país.
En base a esto, si Estados Unidos asume el liderazgo o control temporal sobre Venezuela, entonces, de facto, Venezuela se alineará con EE.?UU. mientras dure esa situación, aunque sea por imposición y no por voluntad política local. Así, considerando que América Latina está formada por 32 países divididos en tres regiones principales: Sudamérica (12 países), América Central (7 países) y Caribe (13 países y territorios independientes), si se descartan del análisis aquellos países de condición neutral, Estados Unidos cuenta con influencia sobre 10 países —Colombia, Panamá, Guyana, Surinam, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Brasil (este último considerado funcional) y ahora también Venezuela (al menos de forma temporal)— frente a 3 rivales declarados —Cuba, Nicaragua y Haití—. Esto representa aproximadamente un 70% de los países del sur estratégicamente alineados a su favor, evidenciando su superioridad relativa en la región.
Además, dentro de la dinámica de una operación de estas características —rápida, quirúrgica y con claros efectos estratégicos— la inteligencia ha desempeñado un papel central, incluso más determinante que los medios militares visibles. En particular, la ciberinteligencia ha actuado como un auténtico multiplicador de fuerza, permitiendo reducir la incertidumbre operativa, acotar los tiempos de ejecución y minimizar el riesgo de escalada. Diversos medios de comunicación, como «El País», han señalado que la CIA logró obtener información precisa sobre los movimientos y el paradero de Nicolás Maduro gracias a un activo humano infiltrado en el entorno del régimen, lo que pone de relieve la importancia de la Inteligencia Humana (HUMINT) en la fase de preparación de la operación. Lejos de ser un elemento secundario, la HUMINT ha resultado clave para identificar rutinas, ventanas temporales de vulnerabilidad y posibles fracturas en el aparato de seguridad del régimen chavista.
En este contexto, la decisión de elevar hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la detención de Maduro no debe interpretarse únicamente como una medida judicial o propagandística, sino como una operación HUMINT deliberada. Esta estrategia está orientada a incentivar deserciones, quebrar lealtades personales, explotar tensiones internas y provocar filtraciones desde el interior del régimen, especialmente en un entorno caracterizado por la corrupción, la desconfianza y la fragmentación de las élites. Asimismo, la eficacia de la Inteligencia Humana se ha visto amplificada por el empleo sistemático de la ciberinteligencia, que ha permitido mapear las redes digitales del Estado venezolano, identificar infraestructuras gubernamentales críticas y sistemas de seguridad, así como detectar nodos clave y dependencias tecnológicas vulnerables. A través del análisis de metadatos de comunicaciones, patrones de conectividad y rastreo de geolocalizaciones indirectas, la ciberinteligencia ha facilitado la validación de la información humana, la reconstrucción de movimientos y la degradación selectiva de la capacidad de coordinación del régimen.
Con respecto a España, el Gobierno se opone a la intervención militar estadounidense y la considera una violación del derecho internacional. No obstante, tampoco reconoce el gobierno de Nicolás Maduro por considerarlo ilegítimo por no reconocer las elecciones anteriores. Además, los partidos políticos de la izquierda critican la intervención de EE. UU. y piden al Gobierno una postura aún más firme contra ella. Incluso, algunos grupos (notablemente Podemos y aliados) han pedido explicaciones en el Congreso e incluso medidas más radicales contra la política exterior estadounidense mientras que los partidos de centro-derecha critican al Gobierno por debilidad y por no haber reconocido antes a la oposición venezolana legítima. Estos insisten en proteger a venezolanos y españoles, y apoyan una transición democrática pero dentro del marco del derecho internacional. Por último, el partido de la derecha, Vox, se postula muy crítico tanto con Maduro como con Sánchez, respaldando una línea más cercana a la de EE. UU. y reconociendo a líderes de la oposición venezolana.
En conclusión, la operación de captura de Nicolás Maduro, junto con el discurso de Trump, revela que la acción estadounidense va más allá de la lucha contra el narcotráfico. Por un lado, la operación de captura refleja un contexto geopolítico amplio y afianza un dominio estadounidense en el sur; y por otro lado, envía un mensaje de disuasión internacional, mostrando la capacidad de Estados Unidos de actuar de manera rápida y eficiente.
Rebeca Radío Armindo
Ingeniera en Ciberseguridad y Analista de Inteligencia
Las opiniones de este análisis son de exclusiva responsabilidad de su autor.
