Análisis Nº 204
Elena Niño, European Master´s Programme in Human Rights and Democratisation (EIUC, Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation)
El año 2015 quedará sin duda marcado en el calendario y en nuestro imaginario colectivo como uno de los más dramáticos vividos en los últimos tiempos: Europa tuvo que hacer frente, por un lado, a la mayor crisis migratoria sufrida desde la Segunda Guerra Mundial, que acabó cuestionando no solo su capacidad de gestión, sino la voluntad política de los Estados Miembros a la hora de acatar las cuotas establecidas, de obligado cumplimiento. Y por otro, la amenaza yihadista que sacudió al continente, y que alcanzó el número más alto de ataques terroristas registrados en nuestro territorio durante los últimos años: 211 en total (completos, fallidos y frustrados), que dejaron la elevada cifra de 151 muertos y 360 heridos. El solapamiento en el tiempo de estas dos trágicas circunstancias tuvo como resultado un claro sentimiento de correlación entre ambas por parte de algunos sectores de la sociedad. Desde Eurojust, la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, saltaban las alarmas cuando su presidenta, Michèle Coninsx, afirmaba que pese a no tener cifras concretas, se estaban dando importantes casos de infiltración de terroristas a través de los flujos migratorios, que durante la crisis de refugiados llegaban a nuestro continente. Desde entonces, esta sensación no ha disminuido, sino todo lo contrario.
¿Qué ocurre en la actualidad? El panorama político europeo a día de hoy, cuenta con un número considerable de partidos con una narrativa que ha asumido el discurso electoral de rechazo a la inmigración y a todo lo que se aleje de la identidad nacional. Esto revela una Europa fraccionada y temerosa ante dicha “permeabilidad”, lo que posteriormente se ha traducido en la adopción de medidas y acciones ”securitizadoras”. Este término, acuñado entre otros autores por Ole Weaver, señala el proceso por el cual determinadas cuestiones como la inmigración -en este caso-, pasan a ser consideradas una amenaza, y a incluirse en la agenda nacional o internacional dentro de los denominados “asuntos de seguridad”. De este modo, el riesgo es claro cuando todos los males sociales, así como los miedos, empiezan a depositarse en ciertos actores a los que se cree responsables de alterar el orden establecido.
En este contexto, el peligro se encarna en los sujetos que atraviesan fronteras y se hace visible en políticas tales como el cierre de las mismas, las devoluciones en caliente, o la indeterminada prolongación en el tiempo de estados de emergencia, lo que en recurrentes ocasiones excede los límites de los derechos humanos. Sin embargo, hace falta quizá en este punto, recordar que el número de atentados perpetrados por inmigrantes infiltrados en Europa es mínimo en comparación con aquellos cometidos por nacionales de los Estados Miembros (segundas o terceras generaciones de inmigrantes), lo que quiere decir, nacidos y/o crecidos en este continente, como señalan todos los informes (TESAT) emitidos hasta la fecha por EUROPOL.
Es necesaria una política de seguridad clara, eficaz, común, y resolutiva. Sin embargo, las leyes migratorias no deben ser restringidas y utilizadas como herramientas anti-terroristas. Numerosas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, han mostrado su preocupación y han señalado la importancia de encontrar un equilibrio entre la implementación de medidas que garanticen la seguridad de los estados, y al mismo tiempo, el respeto a los derechos de aquellos migrantes que ya no gozan de su protección en sus respectivos países de origen.
El foco ha de ponerse en cómo atajar, y principalmente prevenir, los procesos de radicalización que se están llevando a cabo dentro de nuestras fronteras. Conviene, pues, distinguir: la amenaza no es la inmigración, sino el yihadismo. Para conseguir objetivos satisfactorios, los líderes políticos de la Unión Europea deben mejorar su coordinación y desarrollar una legislación común sobre fronteras e inmigración, definida para los nuevos escenarios. Por otro lado, establecer las pautas para un claro y amplio programa de acciones de integración, que impulsen el fortalecimiento de la educación, del diálogo y del empoderamiento de los jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, así como una exhaustiva evaluación de los resultados que se traduzca en legislaciones efectivas.
Las opiniones de este análisis son de exclusiva responsabilidad del autor.
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