El pasado viernes 9 de febrero dos guardias civiles fueron brutalmente asesinados al ser arrollada su pequeña embarcación por una potente narcolancha que se encontraba en el puerto de Barbate en Cádiz. Así escrito, lo narrado suena inaceptable, hasta kafkiano, por tratarse de un hecho cometido por delincuentes perfectamente identificados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de derecho. Según nos anunció solemnemente el Gobierno, este hecho marcaría «un antes y un después» en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado.
Pues bien, el 5 de marzo, casi un mes después, amanecemos con la triste noticia de un altercado en la mismísima comandancia de la Guardia Civil de Barbate: tras un incidente de tráfico, esta vez con vehículos terrestres, una intervención de la Guardia Civil resultó en un asedio a su cuartel, donde una veintena larga de individuos increparon y asediaron a los agentes, con total impunidad, envalentonados en su ejercicio no legítimo de la violencia contra las FCSE españolas.
El argumento de que lo que hace falta es invertir mucho más en más capacidades materiales para las FCSE es cierto y muy necesario, pero en este caso en concreto no es el fundamental. Ese argumento aplica en temas geoestratégicos en la legítima competición, por ejemplo, entre estados: si Marruecos invierte en más activos navales, terrestres y aéreos que España, el equilibrio y la disuasión nos exigirían superar, o por lo menos igualar, dichas capacidades con vistas a un hipotético futuro conflicto con Marruecos. No así en el caso que nos ocupa.
Si una organización criminal nos supera en capacidades o recursos en cualquier campo, como Estado de derecho que tiene el mandato de ejercer el legítimo uso de la violencia, nuestra respuesta no tiene que ser simplemente el igualar o superar dichas capacidades, sino que debe directamente anular la capacidad del criminal mediante el uso de la violencia. Y para esto, el Estado siempre tiene, o debería tener, una incuestionable superioridad en potencia de fuego. La respuesta a la superioridad de las narcolanchas no puede ser simplemente el dotarnos nosotros de lanchas superiores, para ayudar en el juego del gato y el ratón, sino el de eliminar sus narcolanchas. Y aquí es donde debemos abordar un tema importantísimo y no suficientemente tratado: el de las «normas de combate» (Rules of Engagement – ROEs en inglés). En una confrontación no basta con tener las capacidades para actuar, sino tener muy claras las normas y protocolos para usar dichas capacidades, y aquí la legitimidad del uso de la violencia contra el adversario tiene necesariamente que prevalecer.
Este enfoque en la lucha contra la delincuencia en el mar no es nuevo en nuestra historia. Desde tiempos pretéritos, la naciente comunidad internacional ya desarrolló el concepto de «Hostis Generis Humani» («enemigos de la humanidad» o «enemigo público» en latín) contra la piratería, considerando a los piratas como «desprovistos de cualquier protección legal». La norma estableció que cualquier barco que portara una insignia pirata (o que no portara ninguna bandera identificable) podría ser tratado como un navío pirata y por lo tanto ser atacado sin necesidad de mostrar hostilidad alguna por su parte.
Todos reconocemos que la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, el tráfico de personas, etc, es muy compleja pues depende en gran medida de factores que trascienden la mera criminalidad, ya sean económicos, sociales, de simple oferta y demanda, y que la lucha contra estos fenómenos pasará necesariamente por decisiones tomadas en todos estos ámbitos. Pero cabe destacar que, si bien en tierra, las intervenciones suelen librarse en centros urbanos o densamente poblados donde la prioridad es evitar daños y víctimas colaterales, no ocurre así en el mar, sobre todo en mar abierto. Ahí, un simple cambio en las normas de combate, podría dotar a una pequeña embarcación de la Guardia Civil de las herramientas necesarias para capturar, neutralizar o directamente hundir todas y cada una de las embarcaciones criminales, en aguas españolas, en aguas internacionales, o incluso en aguas territoriales de países vecinos tras los pertinentes avisos y convenios.
España no debería tener miedo a ser el primer país en dar este paso, ya sea a través de pactos a nivel europeo, con FRONTEX, o más extensamente en la ONU o desde donde sea menester, para que otros países pudieran unirse. Si al final las iniciativas no prosperasen, por lo menos se podría constatar oficialmente de qué lado se posiciona cada nación y por qué.
Jesús de Ramón-Laca
