Ante el reciente decreto-ley 10/2014 por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto el Ministerio de Defensa, se repiten los síntomas que manifiestan la compleja realidad de lo que significa la política de defensa española.
El presupuesto es necesario y resulta una buena medida porque va destinado a atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento, así como a gastos relativos a adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Conjunta. Pero al tratarse de una materia incómoda, la decisión se toma en el último consejo de ministros antes del verano, el día 1 de agosto, cuando se pierde interés mediático por lo que se hace en La Moncloa.
Se repite la fórmula de aprobar crédito extraordinario a mitad de legislatura para responder a los compromisos de pago de los programas especiales de armamento aprobados hace veinte años. Como Defensa no tiene presupuesto para afrontarlos, pues una vez más se lo han reducido, necesita transfusiones financieras puntuales de Hacienda para ir avanzando en los pagos. El incremento en 914 millones supone un +16% de la cantidad aprobada por el Parlamento para Defensa en 2014. Lo anunciado en la cámara en 2013, que fue una mala noticia para las Fuerzas Armadas y para el sector industrial, se compensa ahora con créditos y suplementos. Una de cal y otra de arena. Quizás no haya otra medida posible, teniendo en cuenta a una oposición política que se siente cómoda con el comodín del gasto social, anteponiendo deberes y compromisos de Estado, y con una opinión pública en busca titulares alarmantes para azuzar el juego político, pero que manifiesta poco conocimiento de los temas en cuestión.
Este tipo de decisiones se podrían convertir en oportunidades. En primer lugar, lo sería para explicar a los ciudadanos lo que se hace con su dinero, que son quienes, al fin y al cabo, lo pagan. También, para mostrar lo que son los «Programas Especiales» (PEA´s), su importancia económica y su complejidad industrial, así como el enorme desarrollo tecnológico que implican. Y es que la modernización de las Fuerzas Armadas es una necesidad continua, como lo es también para el tejido industrial. Dotar los mejores sistemas de armas, equipos e infraestructuras de apoyo es fundamental para el cumplimiento de sus misiones, que no es precisamente la ayuda humanitaria y de cooperación, labor que corresponde a otras entidades. Bien lo saben quienes viven en zonas de conflicto y reciben la protección armada de, por ejemplo, los cascos azules de la ONU. Esta dotación también es necesaria para cumplir los cometidos de la Política Común de Seguridad y Defensa, así como los de la Iniciativa de Capacidades de Defensa (DCI) de la OTAN.
También es una buena oportunidad para explicar lo que es la Fuerza Conjunta, porque parte de esos fondos van a ir destinados a adiestramiento y alistamiento de dicha fuerza. La Directiva de Defensa Nacional, aprobada en 2012, expone el contexto estratégico global y la manera en que afecta a nuestros intereses nacionales, haciendo referencia también al impacto negativo de la crisis en nuestras propias capacidades defensivas y la disminución de las capacidades de defensa colectiva.
Es necesario mantener de los niveles mínimos que garanticen la operatividad de las unidades, otorgando una mayor atención a las fuerzas desplazadas en escenarios de conflicto y al sostenimiento de los medios que garantizan e incluso mejoran su seguridad. Son nuestros hombres y mujeres, y deben ir con lo mejor. Las nuevas amenazas implican un nuevo diseño de las Fuerzas Armadas, con capacidades específicas, y los ciudadanos deben ser conscientes de estas realidades. Por esa razón, sería una buena oportunidad para explicar las necesidades político-estratégicas, un aspecto que debiera ser de cierta prioridad para comprender la situación de España en el mundo y lo que pasa a nuestro alrededor, más allá de nuestras fronteras.
¿Tendrán esto en cuenta quienes se lanzan con tanto empeño en criticar la relación gasto-defensa? Parece ser que no. Por lo menos, es una buena noticia para la industria del sector.
Gabriel Cortina, analista de seguridad y defensa
