Paper 10/2019
El pasado cuatro de febrero, en la comparecencia en la Comisión de Defensa sobre las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha indicado que “no son del todo optimistas” de que se consiga renovar la operación EUNAVFORMED Sophia. El presente mandato de la misión contra el tráfico de personas en el mediterráneo concluye el 31 de marzo.
El mandato original expiraba el 31 de diciembre, y se concedieron tres meses de prórroga ante el impasse de los 28 miembros para ponerse de acuerdo. La narrativa más comúnmente aceptada culpa al gobierno italiano del impasse al negarse a seguir acogiendo a las personas rescatadas en el mediterráneo en sus puertos. La percepción que el lector medio se puede llevar de este relato puede ser que la Operación Sophia está en riesgo de ser abortada el próximo 31 de marzo a causa de la posición intransigente del gobierno italiano. Un análisis más pausado, sin embargo, nos obliga a hacer las siguientes matizaciones:
No es que la Misión Sophia se pueda “cancelar” tras un desacuerdo; las misiones de la UE tienen todas fecha de caducidad, siendo periódicamente prorrogables sólo “en caso de que la situación lo requiera”. Una operación de esta naturaleza por definición no se cancela; está diseñada para morir una muerte natural salvo que sea renovada.
La Operación Sophia se inició en 2015 para combatir el trafico de seres humanos en el Mediterráneo: “La interrupción del modelo de negocios de contrabandistas de inmigrantes y traficantes de personas en el sur del Mediterráneo Central”. Desde entonces se han detenido a unos 150 traficantes, se han interceptado unas 500 embarcaciones, y se han rescatado a unas 50.000 personas. Estas cifras, sobre todo la de 50.000 personas rescatadas, son totalmente loables, y atestiguan la gran profesionalidad y la labor incansable del personal de todas las naciones involucradas en la operación. Un análisis mas objetivo de estos datos sin embargo, no nos pueden llevar si no a concluir que la labor de “rescate” de personas, loable, inevitable y necesaria como es, ha eclipsado (y desbordado) totalmente la labor de combate a las mafias de traficantes y el tráfico en sí.
Es indudable que en el “regate inmediato”, ante la situación de una embarcación localizando a otra a la deriva, en peligro de hundimiento, con una ocupación que peligrosamente supera su capacidad, etc., nunca puede ni debe haber debate alguno sobre como actuar. Tanto la ley de auxilio en el mar como la decencia y solidaridad humana nos obligan a socorrer a las personas en peligro. La vuelta de esta gente sana y salva a tierra firme es algo que nadie cuestiona ni debe cuestionar.
Esta circunstancia, sin embargo, ha viciado e intoxicado el debate objetivo y estratégico que debería regir este tipo de misiones, y otras similares sobre inmigración, seguridad y control de fronteras en general.
Análisis más objetivos sobre el tráfico de estas embarcaciones en si nos llevan a concluir que la mera presencia de nuestros navíos, no ya de las embarcaciones de ONGs, auténticas “naves nodrizas” de rescate y recogida de inmigrantes, no sólo en alta mar, si no a escasos kilómetros de las costas de los países de origen, son una de las, si no la principal y casi única causa del aumento exponencial en el tráfico en sí. La experiencia también nos demuestra que la inmensa mayoría de las embarcaciones interceptadas hoy en día no están ni diseñadas ni equipadas para una travesía clandestina a ningún lugar de destino en tierra firme; la intención es simplemente salir de las aguas territoriales de los países de origen y “crear” una situación de emergencia merecedora de auxilio en alta mar, cuando no directamente “quedar” en unas coordenadas y hora preestablecidas con una embarcación de rescate humanitario.
La caducidad del mandato y el debate para su posible renovación nos debería llevar a un debate mas integral sobre la naturaleza misma de la operación y nuestro consiguiente enfoque. Debemos por lo menos considerar la opción de usar nuestros recursos marítimos limitados para, en vez de patrullar y asistir a dicho tráfico, para vaciar literalmente el espacio marítimo de tráfico no esencial, sobre todo el de dichas ONGs, unido a una política estricta de devolver las embarcaciones interceptadas siempre a tierra firme a sus lugares de origen. Ya sea un campamento de acogida protegido por las mismas fuerzas de EUNAVFOR MED SOPHIA, si la protección física de las personas rescatadas así lo requiere, esa puede ser una de las consideraciones a debatir para la renovación del mandato de la misión.
El gobierno de Italia, así como el del resto de los miembros de la UE y aquellas naciones más activas hasta el momento (Alemania por ejemplo, que acaba de retirar una fragata de la operación), sin duda agradecerán nuevas y más valientes propuestas al respecto, mejor que la presentación maniquea de la misma disyuntiva de siempre de, o renovar la presente operación sine die, o ser acusado de insolidario y de responsable moral del continuado drama humano que hoy vivimos en el Mediterráneo.
Jesús de Ramón-Laca
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