Las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Colombia tienen origen en la reunión realizada en el año 2012 en Noruega, y que posteriormente se traslada a Cuba. Pese a esto, los diálogos no han sido fructíferos debido a los acontecimientos bélicos que fueron ocurriendo en los años siguientes.
En el presente año, se han percibido los más notorios avances para poner fin al conflicto. El 23 de septiembre pasado, se llevó a cabo un encuentro entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, en el cual se materializaron las voluntades para poner término al conflicto, y se acordó crear una Jurisdicción Especial para la Paz con el objetivo de juzgar a quienes hayan cometido delitos y generar un proceso de verdad.
Pese a lo anterior, es necesario preguntarse si será posible llevar a la práctica estos objetivos, o más bien quedarán estancados como otros procesos de negociación. Es primordial la voluntad de ambas partes negociadoras, y en este sentido es un gran paso el concretar las medidas que se quieren aplicar.
La polémica actual se centra en el ex-presidente Álvaro Uribe, quien señaló que una condición previa al proceso de pacificación es el juicio al que él debería ser sometido por su presunta participación en la masacre de El Aro ocurrida en 1997. Lo anterior demuestra que el gobierno actuaría sin discriminación alguna para enjuiciar a quien sea en procura del éxito del proceso de pacificación. No obstante, se genera un debate sobre si se puede juzgar o no a ex-presidentes de la república. Esto puede significar dos cosas: primero, que el proceso de negociación puede tardarse y prolongarse hasta que se resuelvan los conflictos políticos; o en el peor de los casos, cancelar la pacificación por parte de las FARC, al no cumplirse las condiciones acordadas. Pese a esto, tanto las FARC como Santos sostienen que esta afirmación es falsa y no habría condición alguna.
La “Justicia Transicional” es el tema más discutido dentro del acuerdo, debido a que se sostiene que los principales cabecillas de las FARC no serán imputados en cuanto a delitos políticos, lo que algunos consideran como caso de impunidad. Otro alcance objeto de crítica fue el concepto de “restricción de libertad” hacia los miembros de la guerrilla, lo que ocasionó la reprobación por parte de Uribe quien sostuvo que esto es una especie de libertad condicional. Sin embargo, en el acuerdo se señala que no habrá amnistía para quienes cometieron delitos de lesa humanidad, genocidio o graves crímenes de guerra. Asimismo, se propone una justicia restaurativa, lo que sí implica acciones por parte de los guerrilleros en cuanto al desminado y construcción de infraestructura para comunidades.
En este contexto de transición política, es necesario poner en práctica la justicia transicional para poder generar la confianza entre los principales actores involucrados y la sociedad civil. En síntesis, el acuerdo de pacificación refleja el escenario de una región que busca la paz. Colombia presenta uno de los conflictos armados más cruentos de la historia, por consiguiente, con un definitivo término del conflicto se lograría el más acabado proceso de pacificación en la región, sirviendo como modelo para otros países.
Alejandra Márquez, Investigadora del Centro de Estudios Estratégicos Academia de Guerra
Foto: EFE
